Denuncian silencio oficial ante abusos contra mujeres, niños y migrantes pero
SANTO DOMINGO.– La defensora de derechos humanos María Bizenny Martínez alzó la voz con fuerza esta semana para exigir la remoción del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, por su aparente indiferencia ante lo que describe como una avalancha de violaciones a los derechos humanos en República Dominicana.
Martínez, activista y coordinadora de incidencias del Movimiento Socio Cultural para el Trabajo Humanitario y Ambiental (Mostha), aseguró que ambos funcionarios han demostrado “una disfuncionalidad alarmante” al guardar silencio frente a casos graves de vulneración de derechos, particularmente contra mujeres, niños, niñas y personas migrantes.
“La insensibilidad de estos funcionarios ante hechos como los cometidos por el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, contra niños y niñas, es simplemente inaceptable”, afirmó Martínez, al referirse a recientes denuncias de maltrato y abuso institucional.
Uno de los puntos más críticos que señaló la activista fue el rol de la Dirección General de Migración en las masivas deportaciones que, según sus declaraciones, han afectado de manera particular a mujeres haitianas embarazadas o lactantes, así como a personas ancianas, sin respetar los principios legales ni los acuerdos internacionales que protegen a estas poblaciones vulnerables.
“Esas deportaciones no solo son ilegales, son inhumanas”, subrayó. “¿Cómo puede el Defensor del Pueblo mantenerse en silencio cuando se lanzan a la calle a mujeres, niños y ancianos, como ocurrió en Mata Mosquitos?”, cuestionó, al denunciar los desalojos sin previo aviso en esa comunidad, donde residían haitianos y dominicanos.
Según Martínez, este tipo de actuaciones violentan la Constitución dominicana, las leyes locales y los tratados firmados por el país, y exigen respuestas inmediatas de las instituciones llamadas a proteger los derechos fundamentales.
En ese contexto, criticó con firmeza la inacción del Defensor del Pueblo. “Él está ahí para proteger los derechos de todas las personas en territorio dominicano, sin importar su nacionalidad”, recordó, haciendo referencia a la Ley 19-01, que regula el accionar de esta figura, estableciendo que debe velar por el fortalecimiento de la administración pública y la defensa del Estado de Derecho.
De igual forma, arremetió contra la ministra de la Mujer, a quien acusó de incumplir con la misión que le asigna la Ley 86-99, de promover la equidad de género y garantizar los derechos de las mujeres. “¿Dónde está su voz cuando las más vulnerables son las primeras en ser expulsadas del sistema?”, se preguntó con tono de indignación.
Martínez sostuvo que la falta de posicionamiento público de ambas autoridades ante violaciones tan visibles representa una grave omisión. “No es que no puedan hablar, es que no quieren. Y ese silencio los hace cómplices”, afirmó con determinación.
También dirigió críticas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), reconociendo que ha tenido algunas respuestas acertadas, pero advirtió que necesita una transformación estructural profunda. “No basta con reaccionar; hay que anticiparse, proteger, garantizar. Y eso no se está haciendo”, dijo.
La activista concluyó haciendo un llamado urgente a la ciudadanía, organizaciones civiles y la comunidad internacional para exigir el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en República Dominicana. “No podemos seguir normalizando la indiferencia institucional ante la dignidad pisoteada de miles de personas”, sentenció.
Sus declaraciones abren un debate intenso sobre el rol real de las instituciones públicas dominicanas y su compromiso con las poblaciones más vulnerables. En medio de una creciente preocupación social, queda en evidencia la necesidad de una revisión crítica del desempeño de quienes, por ley, deberían ser los primeros en actuar.
