Un grupo de expertos juristas analizará y propondrá mejoras legales
Santo Domingo.- En un movimiento clave para revisar y actualizar la legislación migratoria del país, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 268-25, mediante el cual se crea una comisión consultiva encargada de estudiar el marco jurídico migratorio de la República Dominicana. Este grupo de trabajo está conformado por reconocidos juristas especializados en derecho público y privado, con la misión de analizar el estado actual de las leyes migratorias y recomendar al Poder Ejecutivo las reformas que consideren necesarias.
La comisión, que tendrá carácter temporal y honorífico, será coordinada por el Dr. Milton Leonidas Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, una figura de peso en el ámbito jurídico nacional. Junto a él trabajarán la Dra. Jimena Conde Jiminán, el Dr. Justo Pedro Castellanos Khoury, el Dr. Juan Manuel Rosario, la Dra. Belén Catalina del Toro, la Licda. Lenis García Guzmán, el Lic. Javier A. Suárez, el Lic. Félix Tena de Sosa y el Lic. Jatzel Román González.
El decreto establece que la comisión dependerá funcionalmente del presidente de la República y estará adscrita administrativamente al Ministerio de la Presidencia. Además, todas las instituciones públicas están obligadas a colaborar con esta comisión, dentro de sus competencias, para garantizar que cumpla eficazmente con su objetivo.
La iniciativa responde a una necesidad urgente: el sistema migratorio dominicano opera bajo normativas que, según el gobierno, requieren una revisión profunda para adaptarse a las realidades sociales, económicas y geopolíticas actuales. En particular, se destaca la complejidad de la migración irregular, potenciada por la ubicación geográfica de la isla y el crecimiento económico sostenido del país, que lo convierte en un destino atractivo para migrantes.
En los considerandos del decreto, se subraya que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho y que el fenómeno migratorio, especialmente en un contexto globalizado y con la coexistencia de dos naciones en una misma isla, demanda un marco legal moderno, claro y respetuoso de los derechos humanos, así como de la soberanía nacional.
El gobierno ha adoptado en los últimos años una serie de medidas para frenar la inmigración irregular. Este nuevo paso busca institucionalizar el proceso de reforma y abrir un espacio para el análisis técnico y jurídico, de cara a una eventual actualización del régimen migratorio vigente.
Cabe destacar que, aunque esta comisión solo tiene carácter consultivo, su conformación con profesionales de alto nivel sugiere una apuesta por la seriedad y profundidad en la revisión de las políticas migratorias. El trabajo de estos juristas podría sentar las bases para futuras reformas legislativas que deberán ser tramitadas por el Congreso Nacional, a quien constitucionalmente le corresponde establecer las normas en materia migratoria.
La creación de esta comisión no solo es una respuesta a los desafíos actuales del país en términos de control migratorio y derechos humanos, sino también un intento por construir consensos técnicos y jurídicos en torno a uno de los temas más sensibles y polarizantes de la agenda nacional.
La duración de la comisión no está especificada con fechas, pero su existencia concluirá una vez cumpla el objetivo para el que fue creada: entregar al Ejecutivo un informe con recomendaciones que permitan modernizar el marco legal migratorio. La atención ahora se centra en el trabajo que esta comisión desarrollará en los próximos meses y en las posibles transformaciones legislativas que de allí puedan surgir.
