Millones de niños, migrantes y adultos mayores perderían cobertura médica y ayuda alimentaria.
El congresista Adriano Espaillat (NY-13) alzó la voz con firmeza desde el pleno de la Cámara de Representantes para condenar los recortes presupuestarios propuestos por la administración de Donald Trump, los cuales, según advirtió, representan un ataque directo a las familias trabajadoras y vulnerables de su distrito y de todo Estados Unidos.
Espaillat denunció que el nuevo proyecto de presupuesto, impulsado por la mayoría republicana, recorta fondos esenciales a programas como Medicaid y asistencia alimentaria, afectando de forma desproporcionada a comunidades de bajos ingresos, migrantes y personas mayores.
“Más de la mitad de los residentes de mi distrito dependen de Medicaid, y este plan busca eliminar su acceso a servicios médicos esenciales”, declaró Espaillat. “Los republicanos han roto su promesa. Este presupuesto es un arma contra los que menos tienen”.
El plan propone restricciones y recortes que profundizan la desigualdad social
El congresista dominico-estadounidense detalló que el proyecto contempla nuevos requisitos laborales para acceder a Medicaid, lo cual excluiría a millones de ciudadanos que hoy reciben atención médica gracias a ese programa.
Además, el plan incluye incrementos en copagos y sanciones para los estados que brindan cobertura médica estatal a niños y familias con estatus migratorio mixto, una medida que, según Espaillat, es “inhumana y contraproducente”.
También denunció un recorte de 300 mil millones de dólares a los cupones de alimentos, lo cual dejaría sin ayuda a 300,000 personas solo en su distrito, incluyendo más de 100,000 niños. “¿Cómo pretenden que estas familias coman, sobrevivan o prosperen?”, cuestionó con indignación.
Los adultos mayores también serían víctimas
Espaillat alertó que, aunque el presupuesto no menciona explícitamente recortes a la Seguridad Social, ya existen señales de intentos de desmantelamiento indirecto mediante el cierre de oficinas, despidos de personal y restricción del acceso telefónico.
Dijo que esta última medida, de aplicarse, impactaría a casi 120,000 personas mayores en su distrito, que dependen de aproximadamente 164 millones de dólares mensuales en beneficios.
“Esto es un ataque a nuestra dignidad colectiva. Debemos resistir. No podemos permitir que el costo de los beneficios fiscales para los más ricos lo paguen los más pobres”, concluyó el legislador.
Adriano Espaillat reiteró su llamado a la acción para proteger los derechos sociales básicos de las comunidades más afectadas y advirtió que la lucha por la justicia social no se detiene en el Congreso, sino que debe resonar en cada barrio del país.
