Una banda manipula documentos legales para apropiarse de propiedades ajenas
Santo Domingo.-Una presunta red mafiosa estaría operando en Punta Rucia y Playa La Ensenada, provincia Puerto Plata, donde se ejecutan fraudes masivos en propiedades privadas, según denunció el abogado Amadeo Peralta, quien asegura que ha tenido que litigar “como un gladiador” contra un entramado que incluso utiliza identidades de personas fallecidas para construir procesos judiciales falsos.
De acuerdo con lo sostenido por Peralta, en un texto remitido a DiarioDigitalRD, los prsuntos falsificadores movilizan expedientes inexistentes en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y otros tribunales del país, amparados en documentos que vinculan a muertos como actores legales. Todo ello con el objetivo de despojar a legítimos propietarios de terrenos y bienes inmuebles, valiéndose de sentencias falsas y títulos manipulados.
El abogado señala como responsables, sin ofrecer sus nombres, a una funcionaria del Instituto Agrario Dominicano, un diputado y varios abogados, quienes operan con total libertad en jurisdicción inmobiliaria y en la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales.
Resoluciones falsificadas permiten usurpar propiedades frente a organismos públicos
Uno de los casos más escandalosos denunciado por Peralta involucra una supuesta sentencia administrativa emitida el 12 de junio de 1990 por el Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional, en la cual se asignan terrenos ubicados en la parcela No. 10-D del municipio de Luperón a falsos herederos de Carlos López Westen. El problema: dicha sentencia no existe.
Indicó que tras una investigación conjunta del Ministerio Público, se comprobó que el documento era falso, y fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para una experticia.
El informe forense, bajo el número D-0156-2025 fechado el 7 de mayo de 2025, reveló una cadena de manipulaciones en el expediente: inserciones apócrifas, nombres borrados con Liquid Paper, adiciones manuales, y tipografías alteradas.
El escrito detalla que nombres como Elvira López Gómez, Senovia López Gómez, Miguel López Gómez y otros, fueron agregados posteriormente. En algunos casos, como el de Nelson Antonio López Peralta, el nombre fue borrado y reemplazado con corrector, haciendo imposible determinar el texto original. Lo mismo ocurrió con el nombre Ismael López León, donde previamente se leía “López Westwn”.
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Manipulaciones caligráficas, nombres tachados y montajes desnudan el fraude
El Inacif detectó además que en la página 5 de la resolución falsificada, el nombre Emilio López Westwn fue alterado: las letras “wes” fueron cubiertas con corrector blanco. En la página 6, se evidencian diferencias de color y tipo de letra respecto a otras páginas, confirmando que fue armada con elementos de distintas fuentes.
Peralta subrayó que ninguna sentencia auténtica puede contener ese nivel de improvisación y alteración, y que el expediente es una “fabricación hecha en la calle”. Añadió que los nombres de los supuestos herederos son de “generales desconocidos”, algo inadmisible en una resolución judicial del año 1990, cuando todo adulto tenía cédula de identidad.
A pesar de ello, la banda logró que la Registradora de Títulos de Puerto Plata, en una acción que el abogado calificó como connivente, cancelara el título original registrado a nombre de los herederos legítimos de Carlos López Westen, para luego emitir constancias a nombre de los usurpadores.
Este caso, según Peralta, es apenas la punta del iceberg de una maquinaria delictiva que aprovecha vacíos institucionales y corrupción para robar tierras y propiedades privadas a ciudadanos inocentes.
