Poderes judiciales de 23 países acuerdan hoja de ruta común en cumbre
SANTO DOMINGO. — Con un llamado enérgico a transformar la justicia en un servicio centrado en las personas, concluyó este viernes la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en República Dominicana. Representantes de los poderes judiciales de 23 países suscribieron la Declaración de Santo Domingo, un documento que traza la hoja de ruta para fortalecer los sistemas judiciales desde una perspectiva ética, moderna y solidaria.
Bajo el lema “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, la Cumbre propició un espacio para redefinir prioridades y avanzar hacia una justicia oportuna, inclusiva y confiable. Entre las acciones pactadas destacan la digitalización de procesos, el uso responsable de la inteligencia artificial, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y una planificación estratégica basada en valores.
La Declaración también invita a integrar los llamados “productos axiológicos” en la administración judicial, promoviendo una cultura institucional que honre los derechos humanos y la equidad. “Este es un compromiso colectivo con una justicia abierta, eficiente y profundamente humana”, señaló Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia dominicana, durante el acto de clausura.
Molina subrayó que la justicia “no puede ser un sistema encerrado en sí mismo”, sino que debe actuar como un pilar activo de la democracia. Destacó que los acuerdos alcanzados no quedarán en el papel: “Van a traducirse en acciones concretas, herramientas útiles y mejoras visibles para la ciudadanía”.
La Declaración firmada electrónicamente por presidentes de cortes supremas y consejos de la judicatura, representa más que una promesa: es una apuesta por una justicia transformadora. Los países firmantes —desde México hasta Argentina, pasando por España, Brasil, y Puerto Rico— reafirman la necesidad de trabajar con ética y visión para garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Con la Cumbre, la región refuerza su compromiso con una justicia moderna, accesible y cercana. Un modelo que, más allá de lo legal, pone en el centro la dignidad de cada persona.
