Arismendi Díaz Santana: Un sistema estancado entre discursos políticos y ausencia de voluntad real
La seguridad social dominicana sigue atrapada en una paradoja: mientras políticos y funcionarios celebran avances, la realidad golpea a millones de ciudadanos con servicios insuficientes, pensiones ridículas y una salud convertida en negocio. Así lo advirtió el economista Arismendi Díaz Santana, uno de los arquitectos del sistema y voz crítica de su estancamiento actual.
Durante el reciente aniversario del sistema dominicano de seguridad social —marcado por paneles y discursos vacíos— se repitieron los consensos de siempre: todos coinciden en que hay que reformar, pero nadie actúa.
La pregunta que domina el ambiente es contundente: ¿cómo explicar tanto consenso y tan pocas reformas? Así lo cuestiona el especialista en seguridad social.
Durante los referidos paneles y discursos, recoge Díaz Santana los participantes se expresaron como sigue:
El senador Daniel Rivera, anfitrión del simposio, expresó: “Nuestro compromiso es trabajar por una reforma incluyente, racional, eficiente y solidaria, que garantice cobertura para todos”.
Eddy Olivares, ministro de Trabajo, recordó que antes de la ley el sistema estaba fragmentado y excluyente, y prometió una seguridad social “digna, inclusiva y sostenible”, pero evitó asumir compromisos concretos de reforma estructural.
El presidente de la comisión bicameral, Rafael Castillo, aseguró que están “organizando consultas y vistas públicas”, y apostó a una reforma este mismo año, sin explicar cómo superar el letargo legislativo de más de una década.
Por su parte, Edward Guzmán, gerente del CNSS, elogió la Ley 87-01 como un “hito histórico” que abrió las puertas a un sistema más equitativo y sostenible, pero omitió abordar las distorsiones actuales, como las barreras de acceso, la falta de Atención Primaria y el colapso de las pensiones.
El superintendente de Salud, Miguel Ceara Hatton, sí reconoció un punto neurálgico: la contradicción entre salud como negocio y como derecho. Propuso fomentar medicamentos genéricos de calidad para contener el gasto familiar, pero no explicó cómo frenar los abusos del sector privado.
En pensiones, Francisco Torres, superintendente del área, mencionó el ejemplo de Holanda, donde se cotiza un 28% frente al 8.4% en República Dominicana. Sugirió avanzar hacia ese modelo, pero no dijo cómo aumentar el aporte sin agravar la carga laboral.
Desde el empresariado, Laura Peña Izquierdo, presidenta de COPARDOM, denunció que muchos artículos de la Ley 87-01 nunca se han aplicado. Pidió iniciar el Régimen Contributivo Subsidiado para combatir la informalidad laboral y comenzar por fin el primer nivel de Atención Primaria.
Elías Báez, director de la DIDA, criticó la negación de servicios, los abusos de las ARS y se comprometió a continuar empoderando a los afiliados, aunque reconoció las limitaciones institucionales para hacer valer los derechos de los ciudadanos.
Vicente Díaz, representante de los trabajadores, fue uno de los más directos: acusó la falta de voluntad política por el retraso en la afiliación de los trabajadores independientes y llamó a unir voluntades para reformar ya el sistema.
En medio de tantas coincidencias verbales, Arismendi Díaz Santana, arquitecto de la Ley 87-01 y analista agudo del sistema, advirtió que el consenso se ha convertido en un teatro de simulación.
Denunció la captura del sistema por grupos económicos que bloquean reformas de fondo y alertó sobre un modelo que prioriza la rentabilidad privada sobre la protección social.
Todos coinciden, pero nadie actúa. El sistema, que alguna vez fue una promesa de transformación, hoy es rehén de intereses y discursos vacíos. Se acumulan los diagnósticos, se reiteran las urgencias, se simulan reformas… pero la parálisis persiste.
Como señaló Arismendi Díaz Santana: “No se puede seguir hablando de reformas sin enfrentar los poderes fácticos que viven de este modelo ineficiente”.
El resultado es un sistema que avanza sin rumbo, mientras millones de dominicanos siguen atrapados entre pensiones insuficientes, servicios negados y un modelo que ya no cumple su promesa de protección social integral.
Para Arismendi Díaz Santana, este estancamiento tiene nombres: falta de voluntad política, miedo a tocar intereses económicos y un modelo que, pese a los discursos, favorece a grupos privados sobre el interés general.
Mientras el superintendente de salud, Miguel Ceara Hatton, alerta sobre los efectos de tratar la salud como mercancía, el sistema sigue empujando a las familias a gastar de su bolsillo. La superintendencia de pensiones muestra cifras crecientes del ahorro previsional, pero las pensiones continúan siendo miserables, porque las cotizaciones son bajísimas y el retiro cada vez está más lejano.
Se habla de aplicar el Régimen Contributivo Subsidiado, de poner en marcha la Atención Primaria, de empoderar al afiliado… lo mismo que se decía hace 10 años.
El diagnóstico está hecho. El consenso es evidente. Lo que no existe es decisión.
Mientras tanto, la seguridad social en República Dominicana sigue atrapada en el limbo de las promesas, afectando a millones que cotizan, esperan y no reciben lo que les corresponde. Un sistema que nació con visión se convierte hoy en un monumento a la inacción.
