El gobernante ha enfrentado esa eventualidad con valentía, firmeza, sin demagogia.
La oposición política ha guardado silencio sobre la entrada masiva de inmigrantes extranjeros, la mayoría haitianos, a través de la frontera compartida con Haití.
Bastaría con leer los titulares de nuestros medios de comunicación para darnos cuenta de la gravedad de la situación. Cientos de esos extranjeros penetran al territorio nacional junto a familiares, flanqueados por traficantes de personas.
A diario, soldados del Ejército Nacional detienen a los traficantes y los entregan al Ministerio Público para los fines legales, mientras los indocumentados son remitidos a la Dirección General de Migración para los trámites de deportación. Sin embargo, continúan entrando como hormiguitas.
Conductores dominicanos, en complicidad con los traficantes de personas, llevan décadas haciendo dinero con esa anti patriótica acción e incluso se ha denunciado que militares, policías e inspectores de Migración nutren sus bolsillos con esa repugnante operación.
Esa práctica está penalizada por la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, legislación que establece penas de 10 a 15 años de reclusión y multas de entre 150 y 250 salarios mínimos. Llama la atención que pocas sentencias se dictan contra los traficantes.
Debido a esa realidad, el presidente Luis Abinader ha puesto en proceso un protocolo para controlar la presencia de migrantes indocumentados, decisión criticada por el liderazgo de la oposición política, aunque respaldada por la mayoría de la población.
El gobernante ha enfrentado esa eventualidad con valentía, firmeza, sin demagogia. Ha defendido en el escenario internacional el derecho a resguardar la soberanía y la seguridad de la República Dominicana.
Ha sido reiterativo de que el país no puede echarse sobre los hombros los problemas de Haití. Ha llevado un mensaje coherente respecto al tema ante el Consejo General de las Naciones Unidas, escenario donde por enésima ocasión ha pedido la intervención de todos países miembros de la ONU para apaciguar al vecino pueblo, atrapado por la violencia e inseguridad.
Preocupa la postura asumida por los líderes políticos opositores frente a esa realidad, pues han dejado solo al Presidente de la República en esta cuestión migratoria irregular.
Da la impresión de que no les importa lo que ocurre. Tal vez buscan que fracase el adversario que está gobernando para luego desarrollar una campaña electoral con falsas promesas de soluciones a un problema del cual son responsables por no implementar una rígida política migratoria durante administraciones anteriores. Si hubieran actuado con responsabilidad como estadistas, hoy las cosas fueran menos gravosas para el país.
No creo que puedan ganar unas futuras elecciones si mantienen esa notable indiferencia ante la abundante presencia de migrantes indocumentados. Si lo que pretenden es profundizar su protagonismo público, no es una correcta estrategia política.
Organismos satélites de la ONU continúan atacando a la República Dominicana por las deportaciones de haitianos indocumentados y supuestas violaciones a sus derechos. No protestan por las repatriaciones de otros extranjeros ilegales devueltos a sus países. Amnistía Internacional suele repetir el mismo informe respecto a ese asunto y comete el atrevimiento de trazar pautas a nuestro país sobre el trato que se debe dispensar hacia las hordas de indocumentados.
¿Por qué solo se refieren a los haitianos, si también se devuelven cubanos, griegos, indios y de otras nacionalidades? La respuesta es clara. Esos organismos no dicen nada sobre los procesos migratorios de países que aplican iguales medidas contra los inmigrantes de diversas razas, especialmente en los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica.
Mientras nos atacan, la oposición local calla y cuando emiten un comentario sobre las decisiones regulatorias del gobierno dominicano, asumen una postura conservadora, coincidiendo con las instituciones foráneas.
Convocan a los líderes a un diálogo nacional para tratar la crisis en Haití y su impacto en la República Dominicana, pero dos, de tres expresidentes invitados, ponen condiciones para dialogar, como si fuera negociable un asunto tan delicado como el que enfrenta la nación en la actualidad.
El presidente Luis Abinader escogió al Palacio Nacional, que es el escenario más adecuado, pero uno de los convocados (que critica y cuestiona el método de las repatriaciones, sobre todo de las parturientas haitianas), prefiere que la conversación sea convocada por el Consejo Económico y Social. Un segundo líder condicionó reunirse con el jefe del Estado a que el encuentro se realice en la sede de su partido político en “un encuentro directo y privado”.
¿Qué pretenden con esas sugerencias? Este es un asunto de soberanía y seguridad nacional. No es cuestión de consensuar alianzas electorales, de manera que no le veo sentido a que se objete el Palacio Nacional para ese diálogo.
Si esos líderes opositores rehuyeran a ese urgente llamado, le estarían enviando un mensaje errado al pueblo. Es el momento de demostrar que por sus venas corre un auténtico sentimiento patriótico, como suelen expresar, que no se anteponen los intereses partidistas.
Si no actúan en consecuencia con los intereses nacionales, quedarían descalificados para criticar y la población tomaría en cuenta ese comportamiento para pasarles factura en las urnas.
Si la idea es bloquear la política migratoria que ejecuta el mandatario actual (espero que no sea así), entonces llegará su fin como dinosaurios de la política y la hora de retirarse, si no son capaces de unirse a una causa común como es defender nuestra soberanía.
