La inmigración crecía; los ilegales llegaban a suelo dominicano por diferentes vías en franca complicidad de “malos dominicanos”.
Desde que el presidente Luis Abinader asumió las riendas del Estado dominicano, el 16 de agosto del 2020, dio muestras de enfrentar la desbordante inmigración ilegal en la República Dominicana que, para entonces, los dominicanos ya comenzaban a discernir sobre el propósito o los propósitos de la misma.
Y desde que fuera juramentado como mandatario, e iniciar un periplo por foros y reuniones mundialistas, es decir, por todas partes, el presidente Abinader ponía a la comunidad internacional el conocimiento de la crisis política, social y económica, por la que atraviesa Haití.
El mandatario dominicano se convertía así en una especie de alarma o de bocina de lo que el mundo se enteraría después, mejor dicho, ya lo sabían, lo que menos le interesaba era que el tema se hiciera público y, calladitas las grandes potencias, miraban, sin estupor, cómo el Gobierno dominicano o, mejor dicho, los gobiernos dominicanos, “ofrecían la mano amiga” a los desamparados vecinos.
En tanto, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, así como embajadores y miembros de delegaciones diplomáticas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organizaciones de los Estados Americanos (OEA), entre otros organismos, defendían con sobradas agallas la soberanía nacional que, pese a las “ayudas de hermandad y hospitalidad”, el país recibía ataques inmisericordes cada vez que pretendía poner en marcha políticas migratorias efectivas para liberar al Gobierno, “un poco”, de la pesada carga de ofrecer alimento, salud, educación y trabajo, a varios millones de inmigrantes, más del 90 por ciento de ellos en completa ilegalidad.
Y así se fueron los cuatro años del primer gobierno del presidente Luis Abinader respecto a enfrentar la inmigración ilegal en la República Dominicana con políticas de “avisos” más que ejecutorias con el Muro Fronterizo de “estandarte” de sus pretensiones de defensa de la dominicanidad.
La inmigración crecía; los ilegales llegaban a suelo dominicano por diferentes vías en franca complicidad de “malos dominicanos”. Y también llegó el segundo mandato de Abinader, y las ejecutorias para detener la creciente inmigración adquirieron formas a partir de octubre del 2024, con un plan masivo de deportaciones de ilegales el cual ha sido apoyado por el anuncio reciente de 15 medidas con las que el presidente pretende reducir, “considerablemente”, la presencia de ilegales en territorio de la República Dominicana.
Así las cosas. El anuncio de las medidas, las deportaciones masivas y, por supuesto, las publicaciones de los traslados y una Dirección General de Migración (DGM) en constantes envíos de notas de los quehaceres correspondientes que, desde mi parecer, nunca debió requerir el mensaje del mandatario de turno, sino, hacer cumplir la Constitución de la República.
En medio de todo esto, el pasado 5 de este mes de mayo, al caer la tarde de ese lunes, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, ponía la “tapa al pomo” cuando señaló que “la política migratoria del Gobierno dominicano no contempla, bajo ninguna circunstancia, un Plan de Regularización para inmigrantes indocumentados, priorizando en cambio la reducción de su presencia, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y el cumplimiento de la legislación vigente”.
En un mensaje difundido a través de la red social X, Figueroa destacó: “Nuestra política migratoria es clara: reducir la presencia de inmigrantes indocumentados, asegurar la frontera y hacer cumplir la ley”.
El vocero destacó que el Gobierno continúa implementando las 15 medidas migratorias anunciadas por el presidente, enfocadas en controlar la inmigración irregular y reforzar los mecanismos de vigilancia en la frontera.
Sin embargo, otra vez el Gobierno, encabezado por el presidente Abinader, da muestras de contradicción manifiesta en otros temas que por ahora no vienen al caso, y que llevan a los dominicanos a “dudar” sobre afianzar una real política para combatir la inmigración ilegal.
Las declaraciones del vocero Homero, al parecer, cayeron en arena, y allí, no pudieron echar raíces, a juzgar por las oposiciones a lo interno de la gran noticia de ese 5 de mayo: “El Gobierno no contempla bajo ninguna circunstancia un Plan de Regularización para inmigrantes indocumentados”.
Es precisamente un Plan de Regularización para indocumentados que propone, amén del empresariado, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares.
Con funciones de suma delicadeza para hacer valer las 15 medidas anunciadas por Abinader, el ministro trata, con su propuesta, “hacerlas a un lado”, una especie de: “no hacerle caso”, y me llevan a titular estos párrafos: “La política migratoria de un Gobierno en contradicción”.
El ministro de Trabajo dijo que se “trabaja en un plan para la efectiva regulación de la mano de obra haitiana para el ámbito de la construcción en República Dominicana”.
Es por ello que busca una solución consensuada con la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), entidad con la que ha sostenido encuentros, obteniendo, según ha dicho, “buenos resultados”. PLANTIDA HAYDEE REYES DOMINGUEZ
