Ministerio Público insiste en pruebas ignoradas por los abogados defensores
Santo Domingo,. — La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) denunció este lunes que la defensa de Carmen Magalys Medina Sánchez ha evitado responder los aspectos fundamentales de la acusación que enfrenta por su rol dentro del esquema de corrupción que, según el Ministerio Público, desfalcó al Estado dominicano por más de RD$5,000 millones.
En declaraciones ofrecidas por el fiscal Ernesto Guzmán, la Pepca reiteró que la imputada nunca fue nombrada legalmente como vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), pese a que desempeñó el cargo y cobró un salario como tal durante años, además de recibir sueldos adicionales como directora administrativa.
Indicó que dicha situación fue evidenciada en una auditoría de la Cámara de Cuentas, la cual cubre el período del 1 de agosto de 2012 al 31 de agosto de 2020.
“La defensa técnica evade hechos concretos y verificables. No han contestado por qué Carmen Magalys cobraba doble salario sin decreto oficial ni por qué se benefició de contratos de empresas proveedoras del Fonper que incluso financiaron la construcción de un baño en su vivienda”, indicó Guzmán.
La acusada, hermana del también imputado Alexis Medina Sánchez, enfrenta cargos por coalición de funcionarios, complicidad en el desfalco y lavado de activos, entre otras maniobras para favorecer un entramado corporativo que habría servido de vehículo para captar recursos del Estado mediante contratos simulados, tráfico de influencias y uso de prestanombres.
El Ministerio Público sostiene que las pruebas contra Medina Sánchez son claras y contundentes, y lamenta que su equipo legal recurra a argumentos genéricos sin sustancia legal.
“Han presentado unas conclusiones que no desmienten lo esencial: hubo enriquecimiento ilícito y hubo uso de fondos públicos para beneficios personales”, señaló Guzmán.
Lavado de activos y delito precedente
El fiscal recordó que el delito de lavado de activos no necesita más que probar que la riqueza fue obtenida de forma ilegal. “Una vez se demuestra que el dinero proviene de una estafa contra el Estado, como en este caso, su uso posterior cae dentro de los delitos de lavado”, explicó.
El caso es parte del expediente judicial más amplio contra Alexis Medina Sánchez, acusado de montar un esquema empresarial fraudulento que operó con complicidad de funcionarios y sirvió para financiar campañas políticas y enriquecer a sus integrantes mediante contratos amañados y compras sobrevaluadas.
El proceso también involucra a más de una docena de imputados, incluidos Fernando Rosa, exdirector del Fonper; Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel, Paola Molina Suazo, entre otros. Todos enfrentan cargos por desfalco, falsedad documental, y corrupción administrativa.
El juicio continuará el próximo lunes 19 de mayo, cuando se espera que el tribunal valore las pruebas documentales, testimoniales y financieras presentadas por el Ministerio Público, que insiste en que la acusación no ha sido desmentida en sus puntos más críticos.
