Comité denuncia presión, amenazas y manipulación política contra comunitarios organizados
Santo Domingo. — El Comité Pro-Constitución de la Mesa de Diálogo y Concertación entre Punta Catalina y la provincia Peravia informó que llevará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la negativa del Ministerio de la Presidencia a cumplir con un compromiso asumido por el Estado dominicano en septiembre de 2023.
Según una carta enviada al Vicecanciller Rubén Silié Valdez, el comité denuncia que el Ministerio, lejos de facilitar la instalación del mecanismo de diálogo con las comunidades afectadas por la central termoeléctrica, ha optado por obstaculizar el proceso con presiones, dádivas y amenazas directas.
El documento expone que el Viceministro Alexis Jiménez sostuvo una reunión el pasado 28 de abril con pescadores y agricultores de Nizao, a quienes habría ofrecido pensiones solidarias y ayudas económicas a cambio de que abandonaran sus reclamos y desistieran de la instalación de la mesa de diálogo.
Aún más grave, señala que Jiménez amenazó con apresar a las dirigentes comunitarias Dominica Virtudes Martínez e Ingrid Paulino si participaban nuevamente en reuniones relacionadas con el proceso.
Los denunciantes reprochan que el funcionario actuó de espaldas al comité y a la Cancillería, reuniéndose con algunos sectores de manera fragmentada para debilitar la organización de las comunidades.
Aseguran que, en lugar de cumplir el rol acordado —facilitar la instalación del mecanismo de concertación—, el viceministro ha intentado silenciar a los afectados con clientelismo y chantaje político.
“Nos sentimos traicionados. Lo que se acordó con la ONU fue una mesa transparente, inclusiva y vinculante para evaluar los impactos ambientales y sociales de Punta Catalina y buscar soluciones con participación comunitaria”, subraya la misiva.
El comité recuerda que dicho acuerdo fue el resultado de una audiencia ante la Comisión de los Derechos del Niño de la ONU, donde se presentó evidencia de los daños que la planta ha causado sobre la niñez, el ambiente y sectores vulnerables. Desde entonces, la Cancillería dominicana ha apoyado la causa, pero la falta de voluntad del Ministerio de la Presidencia ha paralizado el proceso.
En respuesta a los intentos de cooptación, los pescadores y agricultores de Nizao celebraron asambleas los días 1 y 3 de mayo, en las que ratificaron su rechazo al accionar del funcionario y exigieron indemnización y justicia ambiental.
El comité cierra su comunicación agradeciendo a la Cancillería por su respaldo y lamentando que, mientras unos apuestan al diálogo, otros eligen la amenaza y el engaño. “La provincia Peravia no merece una planta que contamina su aire, sus cultivos y sus vidas”, concluye la carta.
