De acuerdo a Impacto Urbano la justicia ordenó restituir 619 vallas retiradas ilegalmente
La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, continúa en flagrante desacato judicial más de setenta días después de haber sido notificada la sentencia definitiva núm. 0030-03-2025-SSEN-00015, emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordena la restitución inmediata de 619 vallas publicitarias a la empresa Impacto Urbano.
El conflicto tiene origen en 2007, cuando el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) ejecutó el retiro arbitrario de las estructuras de Impacto Urbano, afectando gravemente sus operaciones. A partir de entonces, la empresa inició una larga y costosa batalla legal, acumulando fallos judiciales favorables que confirman la ilegalidad del despojo.
En un intento por resolver el conflicto, ambas partes firmaron en 2014 el Contrato AE-0030-14, mediante el cual el ADN reconocía los derechos de Impacto Urbano, se comprometía a reinstalar las vallas, indemnizar por los daños sufridos, y suscribir un contrato publicitario de 10 años prorrogables.
Sin embargo, el incumplimiento persistente del acuerdo por parte del ADN obligó a la empresa a regresar a los tribunales en 2016, lo que desembocó en la sentencia emitida por el TSA en enero de 2025. En ella se ordena:
- La ratificación inmediata del contrato por parte del Concejo Municipal.
- La reinstalación de las 619 vallas en su ubicación original.
- Que la alcaldesa Carolina Mejía realice todas las gestiones necesarias para su ejecución.
El tribunal otorgó un plazo de 60 días para cumplir. A la fecha, dicho plazo ha vencido sin respuesta institucional. Por cada día de retraso, la sentencia impone una astreinte de RD$5,000 y ordena el pago de indemnización por daños y perjuicios a favor de Impacto Urbano.
Este caso evidencia un grave desacato institucional y una amenaza directa al Estado de derecho, al ignorar una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.
La persistente negativa del ADN y su alcaldesa a cumplir lo dispuesto no solo compromete su responsabilidad civil y penal, sino que también supone un perjuicio económico al erario y a los intereses colectivos de los munícipes.
Casi dos décadas de litigio han sido insuficientes para que el ADN respete el marco legal. El incumplimiento actual de la alcaldesa Carolina Mejía no solo prolonga el conflicto, sino que erosiona la credibilidad institucional y vulnera los derechos adquiridos por Impacto Urbano, afectando directamente la seguridad jurídica en la administración pública.
