Legisladores denuncian discriminación, abusos y perfil racial en operativos migratorios recientes
La delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) alzó su voz con contundencia frente a lo que calificaron como un operativo “discriminatorio y abusivo” ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la zona turística del Condado, en San Juan. La redada, realizada el miércoles 8 de mayo, resultó en la detención de 53 trabajadores dominicanos contratados por una empresa de construcción que laboraban en un proyecto en el hotel La Concha.
En otro informe de Prensa Latina, referido al lugar citado, el ICE detuvo a 31 ciudadanos haitianos indocumentados, además, según cifras divulgadas por la propia agencia y recogidas por medios locales, fueron arrestadas 245 personas de nacionalidad dominicana, 16 venezolanos, 12 mexicanos, 9 brasileños y 6 chinos.
Silencio oficial ante violaciones a derechos humanos
El portavoz del PIP en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón, declaró que los arrestos constituyen una agresión “a la dignidad humana” y que evidencian un “ataque sistemático contra comunidades vulnerables”, especialmente trabajadores migrantes que contribuyen al desarrollo de la isla.
Márquez también denunció la pasividad del gobierno del PNP, al que acusa de permitir en silencio que se cometan estas violaciones sin ningún tipo de defensa institucional.
La senadora y vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago, subrayó la gravedad de que estas acciones se lleven a cabo “en medio de una creciente ola antiinmigrante” que se ha intensificado desde la administración Trump.
“Lo que vemos del gobierno local es la total indiferencia, ignorando los vínculos históricos, sociales y familiares que nos unen con el pueblo dominicano y con otras comunidades migrantes”, señaló.
Denuncian perfil racial y ausencia de debido proceso
Uno de los puntos más críticos de la denuncia del PIP fue la admisión pública de Rebecca González Ramos, directora de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Puerto Rico, quien reconoció que los agentes “utilizan poderes del Estado basados en perfiles raciales” para identificar, detener y deportar a inmigrantes, sin que se respeten los principios básicos del debido proceso legal.
El PIP advierte que este patrón de detenciones podría constituir una violación directa a los derechos constitucionales y humanos, e hizo un llamado urgente a la aprobación de una legislación, radicada a petición de la ACLU (American Civil Liberties Union), que permitiría la creación de espacios protegidos para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades migrantes en Puerto Rico.
Herencia de políticas represivas
El sitio digital Noticias Kominotek recordó que estas prácticas forman parte de una política migratoria más amplia, iniciada durante el mandato del expresidente Donald Trump, que intensificó la detención y deportación de inmigrantes sin papeles. Desde entonces, las redadas se han vuelto más frecuentes, extendiéndose no solo a zonas fronterizas, sino también a territorios con tradición de acogida y convivencia multicultural, como Puerto Rico.
La actuación del ICE ha generado un profundo rechazo entre organizaciones sociales, líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, que exigen al gobierno puertorriqueño asumir una posición firme frente a lo que denominan una “criminalización del trabajo migrante”.
“Es una infamia que un grupo de personas que está trabajando y aportando al país sea detenido como criminales”, concluyó Márquez Lebrón, calificando el operativo como “una afrenta inaceptable a la justicia y a la humanidad”.
