Zapete, Febles, Salazar y Álvarez denuncian ataques sin pruebas en redes
SANTO DOMINGO.– En un contexto cada vez más contaminado por la desinformación y los ataques personales en el escenario digital, cuatro reconocidos periodistas dominicanos decidieron trazar una línea firme. Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez han presentado ante el Ministerio Público cuatro querellas penales por difamación, injuria y desinformación contra varios comunicadores que, aseguran, han vulnerado su honor a través de medios y plataformas digitales.
La acción legal, interpuesta de manera individual y también colectiva, está dirigida contra Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casal García y Aquiles Jiménez Fernández. Según los demandantes, estos individuos han difundido de forma reiterada acusaciones infundadas, ataques verbales y señalamientos públicos sin pruebas, cruzando la línea entre la crítica legítima y el descrédito personal con claras consecuencias reputacionales.
El fenómeno que denuncian no es nuevo, pero sí alarmante por su alcance y normalización. Las redes sociales, inicialmente concebidas como espacios para el libre intercambio de ideas y la democratización de la opinión, han mutado en muchos casos en escenarios donde la mentira circula sin freno y los ataques personales se disfrazan de opinión.
“El espacio digital ha amplificado voces, pero también ha diluido los límites de la responsabilidad”, afirma Altagracia Salazar, una de las periodistas querellantes. “No se trata de censura, se trata de exigir que la libertad de expresión no se convierta en licencia para destruir reputaciones sin consecuencia alguna”.
El caso cobra particular relevancia porque se trata de comunicadores con trayectorias destacadas y con amplio reconocimiento en la opinión pública. Zapete, Febles, Salazar y Álvarez no solo comparten el oficio, sino una postura crítica que los ha colocado en la mira de sectores poderosos, tanto en la política como en los medios. Para ellos, los ataques recibidos no son hechos aislados, sino parte de una campaña sistemática orientada a desacreditar su trabajo e integridad personal.
Durante la presentación de las querellas, los periodistas subrayaron que sus acciones buscan sentar precedentes legales ante un fenómeno que consideran ha sido tolerado por demasiado tiempo. “Nadie está exento de estos ataques, y si no se pone freno legal, se seguirá normalizando la desinformación como herramienta de persecución mediática”, advirtió Mariasela Álvarez.
La demanda también toca un punto clave en el debate contemporáneo sobre los límites de la libertad de expresión. Mientras algunos defensores de los comunicadores acusados podrían alegar que se trata de un intento por silenciar opiniones incómodas, los demandantes insisten en que no cuestionan la crítica, sino el uso irresponsable de plataformas para lanzar acusaciones sin base, que luego se replican como verdades en el ecosistema digital.
En este sentido, Edith Febles explicó que el propósito de la querella es institucionalizar una respuesta frente al uso malicioso de los medios digitales. “Estamos usando las vías legales, como corresponde en una democracia, para enfrentar lo que consideramos una agresión sistemática amparada en el anonimato digital o la falta de regulación”, señaló.
En paralelo, juristas consultados sobre el caso apuntan a que este tipo de acciones pueden contribuir a perfilar un marco más claro sobre la responsabilidad penal y civil en el uso de las plataformas digitales. “El reto está en diferenciar entre libertad de prensa y ataques personales con fines de manipulación o descrédito”, explicó el abogado constitucionalista Miguel Valerio.
Con las querellas ya en curso, ahora corresponde al Ministerio Público valorar las pruebas y determinar si los acusados incurrieron efectivamente en delitos tipificados por la legislación dominicana. Mientras tanto, el caso plantea un debate urgente sobre el rol del periodismo, la ética en la comunicación digital y la necesidad de preservar el derecho al honor en la era de la posverdad.
Una cosa queda clara: en la República Dominicana, la batalla por la verdad y el respeto en los medios ha entrado en una nueva etapa, y sus protagonistas no están dispuestos a ceder ante la impunidad virtual.
