Comunidad exige rebaja del nuevo peaje y reapertura de accesos cerrados
Villa Altagracia, R.D. – El próximo lunes 12 de mayo, Villa Altagracia se detendrá. Comercios, escuelas, oficinas públicas, rutas de transporte y todo tipo de actividad quedarán paralizados por decisión de la comunidad organizada, que exige la reducción del peaje recientemente inaugurado en el kilómetro 32 de la autopista Duarte y soluciones urgentes a problemas viales que afectan la vida diaria de más de 97 mil residentes.
La convocatoria cuenta con el respaldo unánime de todos los sectores sociales y autoridades locales: la alcaldía, las iglesias, gremios profesionales, comerciantes, transportistas y juntas de vecinos. El objetivo es claro: presionar al Gobierno Central para que escuche y atienda demandas que, según los organizadores, han sido planteadas por vías formales sin obtener respuestas concretas.
Desde el 6 de abril, fecha en que entró en funcionamiento el nuevo peaje que sustituyó al del kilómetro 25, los residentes de Villa Altagracia han reclamado un trato diferenciado. La tarifa establecida —100 pesos por sentido para vehículos livianos— se traduce en 200 pesos diarios para quienes deben desplazarse a Santo Domingo por motivos laborales, educativos o de salud.
“La carga económica es insostenible para una población que en gran parte depende de la capital para subsistir. Lo justo es que los conductores locales, debidamente registrados, paguen la mitad”, exigen los convocantes.
Pero el peaje no es el único foco del malestar. Otro reclamo central del paro es la reapertura de los pasos vehiculares internos que conectaban distintas zonas del municipio y que fueron cerrados sin previo aviso. La medida ha dejado virtualmente aisladas a comunidades del noreste y sureste de la localidad, así como a los distritos municipales de Median, La Cuchilla y San José del Puerto.
“Lo que han hecho es dividir al pueblo, impedir que nos movamos libremente dentro de nuestra propia tierra. Eso es inaceptable”, afirman líderes comunitarios. Señalan que los bloqueos han impactado negativamente en el acceso a servicios básicos y en la economía local, que depende de la conectividad para funcionar.
La movilización del lunes no surge de la nada. Viene precedida por semanas de solicitudes, comunicados y conversaciones con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del fideicomiso responsable del peaje. Aunque han reconocido la legitimidad del reclamo, no han ofrecido soluciones concretas.
Ante este escenario, la comunidad ha optado por la presión cívica. “El paro es una decisión colectiva, pacífica y organizada. Es el camino que nos queda para ser escuchados”, indican los organizadores. Aclaran que no buscan confrontación, sino justicia: “Queremos vivir con dignidad, movernos sin obstáculos y no pagar más de lo que podemos”.
El lunes será un día decisivo. La respuesta del Gobierno marcará el tono de los próximos pasos. Mientras tanto, Villa Altagracia ya está unida —no solo por una carretera— sino por una causa común: defender su derecho a una movilidad justa y a un trato equitativo por parte del Estado.
