Ministerio Público expone red que presuntamente estafó al Estado con más de RD$4,500 millones
Santo Domingo. – El caso más emblemático de corrupción administrativa en la historia reciente de la República Dominicana sigue desenredándose ante la justicia. Este jueves, el Ministerio Público informó que ya ha presentado más de 300 de los más de 430 testigos que sustentan la acusación contra una poderosa red de corrupción integrada por altos oficiales militares, encabezados por los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Adán Cáceres Silvestre.
La información fue ofrecida por el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), tras concluir una nueva audiencia del juicio que se sigue en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. En esta jornada, el Ministerio Público finalizó el interrogatorio al perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), responsable del informe financiero que detalla el patrón de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de los imputados.
El documento pericial, ya incorporado como prueba formal al juicio, revela que entre 2018 y 2021, el general De los Santos Viola adquirió más de 20 propiedades inmobiliarias, mientras que Adán Cáceres Silvestre asumía préstamos con cuotas que superaban con creces sus ingresos como funcionario público. Según la investigación, era Rafael Núñez de Aza, gerente financiero de la institución militar, quien cubría esos pagos, utilizando fondos públicos desviados.
“Las pruebas son contundentes. Las defensas intentaron sin éxito desmeritar el informe del Inacif, pero este fue debidamente autenticado. Este es un juicio sin precedentes por el volumen de testigos y por la magnitud del desfalco cometido”, subrayó Pérez Fulcar.
El caso, que agrupa las operaciones Coral y Coral 5G, involucra el desvío sistemático de más de 4,500 millones de pesos del erario entre 2012 y 2020. La red utilizaba mecanismos como compras fantasmas de raciones alimenticias y combustibles, así como la contratación ficticia de militares y policías. A estos se les pagaba apenas una fracción de sus salarios, mientras los cabecillas de la trama se quedaban con el resto.
Además de De los Santos Viola y Cáceres Silvestre, figuran entre los imputados Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”; su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel Núñez de Aza; el sargento Alejandro José Montero Cruz y José Manuel Rosario Pirón.
La audiencia fue recesada hasta el próximo martes 13 de mayo, cuando el Ministerio Público continuará la reproducción de pruebas. Su meta: lograr condenas ejemplares en un caso que ha sacudido los cimientos de las instituciones castrenses y del aparato estatal dominicano.
