MP denuncia irregularidades en proceso como viajes al extranjero pese a impedimento de salida
El Ministerio Público presentó una recusación formal contra la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por mostrar una supuesta parcialidad reiterada a favor de los imputados en el expediente que involucra a Hugo Beras, José Gómez y otros acusados de integrar una red de corrupción y crimen organizado.
El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que existen pruebas suficientes de que la magistrada ha tomado decisiones injustificadas que benefician de forma directa a los implicados.
Entre las acciones cuestionadas figura la autorización de viajes al extranjero para José Gómez, a pesar de tener impedimento de salida, así como la devolución de armas de fuego registradas a nombre de terceros.
“Estas decisiones contrastan con precedentes en los que bajo circunstancias similares no se otorgaron beneficios”, afirmó Pérez Fulcar. La Pepca confía en que la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogerá sus argumentos y sustituirá a la magistrada del proceso.
Acusados enfrentan cargos graves por múltiples delitos estructurados
La estructura desmantelada incluye a altos exfuncionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y empresarios vinculados a contratos públicos. El Ministerio Público acusa a los imputados de desfalco, estafa al Estado, falsificación, contrabando, sabotaje, entre otros delitos.
Además de Beras y Gómez, están involucrados Frank Díaz Warden, coordinador de despacho del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), empresario propietario de Aurix S.A.S.
Tambien estan imputados Pedro Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
Allanamientos revelan pruebas contundentes en múltiples provincias del país
Durante el operativo, el Ministerio Público ejecutó allanamientos simultáneos en residencias y empresas ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. La operación movilizó a más de 170 agentes de la Policía Nacional y 30 fiscales especializados.
Las autoridades incautaron documentos, equipos tecnológicos y otras evidencias que sustentan las acusaciones. Por la magnitud del caso y el volumen probatorio recopilado, la Pepca lo ha calificado como una de las operaciones más exitosas contra el crimen organizado en la República Dominicana.
