Cinco negocios fueron auditados en Santo Domingo y Santiago por posibles faltas
Santo Domingo, RD – La Dirección General de Aduanas (DGA) continúa con su programa de fiscalizaciones a posterior, esta vez enfocando sus esfuerzos en comercios de origen chino que operan en el país. Durante la semana pasada, la institución auditó cinco establecimientos: cuatro en Santo Domingo y uno en Santiago, todos dedicados a la importación y venta de artículos del hogar, misceláneos y productos ferreteros.
Los comercios inspeccionados fueron SOLUPLAX, operando bajo la razón social IDERAMA SRL en Santiago; Plaza Vego (ZQHL SRL) en la avenida Duarte; Mundo Comercial H&L; Primavera LXY SRL en Santo Domingo Este; y Johold SRL, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, en la capital.
Estas acciones surgen tras análisis de riesgo realizados por la DGA, los cuales detectaron posibles inconsistencias tributarias y aduaneras en las operaciones de importación de estos negocios. La entidad señaló que las fiscalizaciones están sustentadas en la Ley de Aduanas 168-21, que autoriza la revisión de operaciones con hasta tres años de antigüedad.
La institución también informó que las inspecciones continuarán mediante una auditoría más detallada, a cargo de personal especializado, con el objetivo de identificar otras irregularidades fiscales y verificar el cumplimiento de los requisitos legales en materia aduanera.
“El trabajo de fiscalización no se detiene. La ley nos faculta a inspeccionar y actuar con base en evidencia”, afirmó una fuente interna de la DGA, destacando el compromiso del organismo con la transparencia y la correcta recaudación de tributos.
Este tipo de operativos refuerza el enfoque de la DGA en mejorar la trazabilidad de las importaciones, combatir la evasión fiscal y asegurar una competencia justa entre comercios nacionales e internacionales.
Las fiscalizaciones a posterior son parte de una estrategia más amplia de modernización y control implementada por Aduanas, que busca detectar a tiempo desviaciones o incumplimientos en las declaraciones de mercancías y el pago de impuestos. Las empresas bajo investigación enfrentarán las consecuencias que establezca la ley si se confirman las irregularidades.
