Gobierno despliega 3.600 militares ante paro armado del ELN
Bogotá, Colombia.- Más de 3.600 militares han sido desplegados por el Gobierno colombiano en el departamento del Chocó tras la entrada en vigor de un nuevo “paro armado” anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta acción del grupo guerrillero, que afecta especialmente al río Baudó y sus afluentes, ha sido interpretada por las autoridades como una estrategia para asegurar rutas del narcotráfico en la región, más que como una reivindicación de carácter social o político.
El paro armado comenzó a la medianoche del 2 al 3 de mayo y se extenderá por 72 horas. Durante ese tiempo, el ELN prohíbe cualquier tipo de movilidad en la zona bajo su control, generando temor e incertidumbre entre la población civil.
“El ELN atenta contra la comunidad chocoana y busca intimidarla. Lo que llaman ‘paro armado’ es una acción criminal para controlar rutas del narcotráfico hacia el Pacífico”, denunció el Ejército de Colombia en su cuenta oficial en X (antes Twitter). El mensaje subraya la postura del Estado: responder con contundencia ante lo que consideran una amenaza directa a la seguridad de los habitantes y a la soberanía del país.
Un despliegue militar estratégico
El contingente enviado a Chocó incluye efectivos de la Séptima División del Ejército Nacional, unidades de la Fuerza Naval del Pacífico y del Comando Aéreo de Combate No. 5. Este despliegue forma parte de una ofensiva para neutralizar el control territorial que intenta imponer el ELN, y garantizar la movilidad y la seguridad de las comunidades locales.
Fuentes militares indican que el operativo busca prevenir enfrentamientos armados, evitar desplazamientos forzados y asegurar la libre circulación en los ríos y caminos estratégicos de la región, en especial en zonas donde el grupo armado ha instalado retenes ilegales o patrullajes intimidatorios.
Narcotráfico y guerra territorial
El ELN justificó su acción armada como respuesta a los enfrentamientos con un grupo paramilitar que, según su comunicado, estaría intentando establecer una nueva ruta para el tráfico de drogas en la región. Señalan directamente a una estructura criminal liderada por un sujeto conocido como ‘Piernas Limpias’, que operaría con el respaldo tácito de autoridades locales.
Según el Frente de Guerra Occidental del ELN, este grupo cuenta con alrededor de 400 hombres armados y busca controlar puntos clave del tráfico fluvial en el Chocó, uno de los departamentos más golpeados por la pobreza, el olvido institucional y la violencia armada.
No es la primera vez que el ELN recurre a paros armados para imponer control territorial. Estas acciones, que suelen paralizar comunidades enteras, son criticadas por afectar directamente a la población civil, restringir su movilidad y generar desplazamientos forzados. En muchos casos, también interrumpen el acceso a servicios básicos como salud, educación o alimentos.
Impacto en la población civil
Organizaciones humanitarias y líderes sociales de la región han alertado del impacto que esta situación tiene sobre las comunidades más vulnerables. Aunque no se han reportado enfrentamientos armados significativos en las primeras horas del paro, el miedo y la tensión son palpables. Varias poblaciones han optado por quedarse en sus casas, mientras las escuelas y comercios permanecen cerrados.
El Gobierno colombiano, por su parte, ha reiterado su compromiso con la protección de los derechos de los civiles y la defensa del orden constitucional. El presidente Gustavo Petro ha sido presionado para mantener una postura firme frente al ELN, especialmente en un contexto en el que se busca avanzar en procesos de paz con varios grupos armados aún activos.
El despliegue de tropas en Chocó es una muestra clara de que el Estado no está dispuesto a ceder espacios frente a quienes buscan mantener el control mediante la violencia y el miedo. Mientras tanto, las comunidades del Chocó siguen esperando algo más que presencia militar: desarrollo, atención estatal y garantías de paz duradera.
