Operativos migratorios abarcaron avenidas Duarte y República de Colombia
SANTO DOMINGO. La Dirección General de Migración (DGM) intensificó sus operativos de control migratorio en comercios del Distrito Nacional, resultando en la detención de 92 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular. Las intervenciones se llevaron a cabo en establecimientos ubicados en zonas comerciales clave como la avenida Duarte y la avenida República de Colombia, puntos identificados previamente por denuncias de irregularidades migratorias.
Los operativos, realizados este viernes, incluyeron inspecciones en tiendas y plazas comerciales donde, según la DGM, se identificó una alta presencia de empleados sin documentación legal, además de incumplimientos en los porcentajes permitidos de trabajadores extranjeros en las nóminas.
Los detenidos fueron trasladados al Centro de Retención de Extranjeros Indocumentados de Haina. Allí se ejecutaron los procesos de registro, verificación y depuración conforme a lo establecido en la Ley General de Migración No. 285-04. Esta legislación rige el estatus legal de los ciudadanos extranjeros en territorio dominicano y faculta a la DGM a aplicar medidas de interdicción cuando se detecten violaciones.
La Dirección General de Migración (DGM) también informó de operaciones de control migratorio en Monte Plata, Gonzalo y Sabana Grande de Boyá, inspeccionar diferentes negocios de extranjeros establecidos en Santo Domingo para verificar el estatus legal de personas de diferentes nacionalidades que laboran en esos sitios, y mantener en todo el país las interdicciones contra personas indocumentadas.
Producto de esas acciones fueron detenidos 1,354 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, mientras que 1,030 fueron deportados a su país de origen, con retorno asistido y atención humanitaria.
La implementación de los operativos en la provincia de Monte Plata y sus municipios se produjo luego de que la DGM comprobara denuncias de comunitarios en torno a que habían asentamientos de extranjeros indocumentados cuyos hábitos y costumbres culturales provocaban inconformidad en los residentes del referido municipio.
Las unidades migratorias procedieron en el marco de una gestión operacional basada en procedimientos amparadas en el marco legal vigente. En esas demarcaciones se interdictaron y se detuvieron nacionales haitianos en situación irregular, quienes fueron llevados al centro de retención de inmigrantes irregulares de Haina, para ser registrados y depurados según estipula la Ley 285-04, que rige la materia.
En otro orden la DGM informó sobre la fiscalización de negocios que operan empleando extranjeros irregulares, en ese sentido agentes de interdicción migratoria actuaron en tiendas y plazas de la avenida Duarte y la avenida la República de Colombia, ante denuncias de que en las mismas había inmigrantes sin documentación válida y fuera de los porcentajes establecidos por la ley, además de que se propiciaba el abuso laboral, evasión de responsabilidades fiscales y violaciones al marco legal nacional. Las unidades de la DGM estuvieron acompañadas de inspectores del Ministerio de Trabajo y del Ministerio Público.
En términos generales, en las operaciones de interdicción a nivel nacional se detuvieron 1,354 personas en condición irregular, de las que 178 fueron en el Gran Santo Domingo; en Santiago de los Caballeros, 79; La Vega, 46; Mao/Santiago Rodríguez, 59; Zona Este, 89; Azua, 18; Barahona, 23; Puerto Plata, 50 y en Montecristi, 03.
Asimismo, el Ejército de República Dominicana aprehendió a 644; Cesfront, 145 y la Policía Nacional, 20, en acciones coordinadas con la DGM y que también involucran la participación de la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea, el Ciutran, la Digesett y el Ministerio Público, entre otras.
Los 1,030 deportados fueron reingresados a su país por las puertas binacionales fronterizas de Elías Piña (565), Dajabón (252), Jimaní (132) y Pedernales, 81. Fueron recibidos por las autoridades migratorias de su país.
Las autoridades indicaron que estos operativos buscan garantizar el cumplimiento de la ley y combatir la informalidad laboral, el tráfico ilícito de migrantes y otras prácticas que puedan comprometer la seguridad nacional y el orden público.
