Comedores Económicos y PASP operarán mientras avanza la transición
Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader ha firmado el Decreto 219-25, marcando un nuevo rumbo en la política de asistencia social en República Dominicana. La medida busca reorganizar y optimizar el funcionamiento de los programas sociales del Estado, eliminando estructuras duplicadas y mejorando la eficiencia administrativa.
Con base en los principios constitucionales de protección a la dignidad humana, igualdad, transparencia y eficiencia, el gobierno dominicano pone fin a normativas históricas que sustentaban entidades con funciones similares. En concreto, quedan derogados los decretos que crearon los Comedores Económicos del Estado Dominicano (1944), el Departamento de Asistencia Social (1989) y modificaciones posteriores que redundaban en esfuerzos paralelos.
Esta decisión forma parte del compromiso de la administración actual de racionalizar los recursos públicos, garantizando que cada peso del presupuesto se traduzca en resultados concretos para la población, especialmente la más vulnerable.
Sin embargo, mientras se completa el proceso de transición institucional, tanto los Comedores Económicos como el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP) seguirán operando de manera regular, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios esenciales que brindan.
La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) ha sido autorizada para reasignar los recursos necesarios y tomar las medidas que permitan una implementación ordenada del cambio.
Esta transformación se inscribe en una estrategia de modernización del aparato estatal que prioriza la eliminación de burocracias innecesarias y refuerza la misión de los programas sociales como herramientas clave para el bienestar general.
Con el Decreto 219-25, Abinader refuerza la línea de acción de su gobierno hacia una administración pública más ágil, transparente y centrada en resultados. Este paso también responde al mandato constitucional de actuar con eficacia y legalidad, respetando el orden público y la justicia social.
El decreto ya ha sido remitido a los ministerios e instituciones pertinentes para su ejecución inmediata. La ciudadanía puede esperar una transición sin interrupciones en los servicios, con el objetivo final de lograr un sistema más eficiente, sostenible y alineado con las necesidades actuales del país.
