Tribunal impone pena máxima por más de 185 kilogramos drogas procedentes de Colombia
La Altagracia, RD. – En una sentencia que refuerza la lucha contra el crimen organizado, el Tribunal Colegiado de La Altagracia impuso 30 años de prisión a tres ciudadanos dominicanos hallados culpables de tráfico internacional de drogas.
Los condenados intentaron introducir más de 185 kilogramos de narcóticos al país desde Cartagena, Colombia, utilizando una embarcación interceptada en las costas de Bayahíbe, provincia La Altagracia.
Los sentenciados son Gustavo Adolfo Lamoni, José Luis Alcalá de la Cruz y Anthony Sánchez de la Rosa, quienes fueron apresados el 2 de febrero de 2022, alrededor de la 1:42 de la madrugada, por agentes de la Armada de la República Dominicana.
Durante el operativo, las autoridades ocuparon siete sacos de nylon que contenían 175 paquetes de sustancias ilícitas. Tras ser analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), se confirmó que 181.50 kilogramos eran cocaína clorhidratada y otras 4.68 libras correspondían a marihuana.
Fiscalía sustentó acusación con pruebas técnicas y persecución efectiva
La operación no solo implicó la interceptación marítima, sino también una persecución terrestre. Mientras Lamoni y Alcalá fueron arrestados en la embarcación, Sánchez de la Rosa intentó huir lanzándose al agua, pero fue capturado horas más tarde en la comunidad Cumayasa, La Romana.
El expediente fue instrumentado por el fiscal Aneury Castillo, y en juicio fue presentado por los fiscales litigantes Idalia Peralta y Yeuri Rodríguez, quienes lograron demostrar de forma irrefutable la implicación de los acusados ante los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte.
C ondenados cumplirán pena en centro penitenciario de la altagracia
Los tres hombres fueron declarados culpables de violar múltiples disposiciones de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, incluyendo los artículos 4-D, 5-A, 6-A, 58, 59, 60 y 75. Dado que las sustancias tenían como destino el consumo local, el tribunal consideró agravantes adicionales en la sentencia.
Los condenados cumplirán su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, ubicado en el municipio Higüey. El Ministerio Público reafirmó su compromiso de seguir enfrentando el tráfico de estupefacientes con el rigor que exige la ley.
