Winston Yerei de la Rosa asesinó a un abogado para robarle su arma
SANTO DOMINGO OESTE.– La justicia dominicana sentenció a 30 años de prisión a Winston Yerei de la Rosa, hallado culpable del asesinato del abogado Félix Alberto de Jesús, ocurrido el 22 de febrero de 2024 en las cercanías del río Haina, Santo Domingo Oeste. El hecho, que conmocionó a la comunidad jurídica y al país en general, fue motivado por el robo del arma de fuego de la víctima.
De acuerdo con la acusación sustentada por el Ministerio Público, el crimen ocurrió cuando el abogado se encontraba fuera de su vehículo, esperando a un trabajador agrícola. En ese momento, De la Rosa, acompañado de otros individuos no identificados, se aproximó al profesional del derecho y le disparó en la cabeza sin mediar palabra, con el único objetivo de despojarlo de su pistola.
La fiscal investigadora Marianny Camilo lideró la indagatoria, mientras que los fiscales litigantes Nicasio Pulinario, Sugely Valdez, Francheska Alcántara y Vilma Méndez presentaron un sólido cuerpo probatorio que incluyó testimonios presenciales, peritajes balísticos y documentación forense. Una de las pruebas más determinantes fue el proyectil extraído del cráneo de la víctima, el cual coincidía con el calibre .380 de la pistola utilizada por el acusado en otro acto criminal, en el que también perdió la vida el coronel Enrique Portes Díaz.
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste —presidido por Julio de los Santos Morlan e integrado por las magistradas Sandra Josefina Cruz Rosario y Clara Yoselin Rivera— emitieron la sentencia tras considerar que existían pruebas irrefutables que vinculaban al acusado con el homicidio y el robo agravado. El tribunal también lo declaró culpable de asociación de malhechores, conforme a los artículos 265, 266, 295, 304 párrafo II, 379 y 385 del Código Penal Dominicano.
El condenado deberá cumplir la pena máxima establecida en la legislación penal vigente en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
Este caso refleja los esfuerzos continuos del Ministerio Público por enfrentar con firmeza los crímenes violentos y garantizar que quienes atenten contra la vida de los ciudadanos enfrenten todo el peso de la ley. La condena también envía un mensaje claro sobre la intolerancia de las autoridades ante actos que atentan contra la seguridad y el orden social.
