Esa modalidad suele traer graves consecuencias para un Estado.
En este mundo existen tres tipos de sistemas que impactan de manera considerable en la sociedad moderna globalizada: la economía verde, economía naranja y economía sumergida.
El término economía verde busca proteger el medio ambiente y el bienestar social, a largo plazo, a través del uso de tecnologías limpias y prácticas sostenibles.
La naranja involucra la creación, producción y distribución de bienes o servicios basados en el talento humano.
La economía sumergida se refiere al volumen total de dinero negro que circula en un país con transacciones monetarias no declaradas. También se le conoce como economía informal porque se realiza fuera del ámbito de la fiscalización del Gobierno, sin pagar impuestos.
De las tres, la última es la que más daño está haciendo. Son numerosas las empresas y negocios que operan bajo ese esquema. Bastaría con un breve recorrido por los barrios de nuestras ciudades para observar esa realidad. Los negocios de ese tipo abundan por doquier y no están registrados en la Dirección General de Impuestos Internos.
Los propietarios de esos medios de producción, que acumulan dinero sin pagar gravámenes, son reconocidos como “padres de familia”, conformados por la clase baja y media, que se instalan en cualquier espacio público donde circula mucha gente.
También hay fijos, como las tiendas de repuestos para automóviles, los talleres de mecánica, de ebanistería y carpintería, de herrerías, las reparadoras de artículos domésticos como lavadoras, licuadoras, computadoras, salones de belleza, puestos de ventas de vehículos, algunos de estos situados en calles de sectores residenciales y en solares baldíos, etc.
La mayoría de esos establecimientos tienen en común que evaden el pago de aranceles. Por igual, pocos pagan el servicio eléctrico ni agua potable.
Esa modalidad suele traer graves consecuencias para un estado, en virtud de que reduce la recaudación tributaria.
He aprendido que la economía legal de un país se mide por el Producto Interno Bruto (PIB), que es lo que genera en un año. La economía sumergida no entra dentro de ese cálculo, por no estar contabilizada de forma oficial. Para calcular el PIB, sumamos el valor de todo lo que se ha creado, sean bienes o servicios, desde la producción de manzanas, libros y coches por ejemplo, hasta los ofrecidos por taxistas, dentistas, abogados, bancos o profesores, entre otros.
Agregamos al volumen de dinero negro, aquellos trámites cuyo comercio está prohibido, como el tráfico de drogas, el contrabando de armas, cigarrillos, bebidas alcohólicas, ajo y los adquiridos mediante prácticas de corrupción.
Este modelo de economía es peligroso para las naciones que deben resolver este problema aumentando la incómoda presión fiscal. Las decisiones de esa naturaleza suelen conseguir el efecto contrario porque una presión fiscal excesiva fomenta el crecimiento de la economía sumergida y se crea así un círculo vicioso donde las subidas de impuestos van reduciendo progresivamente la recaudación.
Esto constituye uno de los principales problemas de los pueblos en vía de desarrollo que en ocasiones deben recurrir a soluciones como el endeudamiento con acreedores extranjeros para resolver los asuntos de estado.
En resumen, el dinero obtenido en la erosiva economía sumergida queda en las manos de las personas que lo generan de manera fraudulenta. Es una antigua práctica repetitiva que no suele tocarse en los países en vía de desarrollo por temor al costo político, pues sus propulsores son mayorías votantes.
