Acuerdo busca fortalecer soberanía y coordinación local-nacional
Santo Domingo. – En un paso clave dentro de su política migratoria, el presidente Luis Abinader encabezó un encuentro con los alcaldes del país donde se firmó un acuerdo entre la Dirección General de Migración (DGM), la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM). El objetivo: coordinar acciones para frenar la inmigración ilegal y reforzar la soberanía nacional.
Durante el acto, Abinader fue enfático en su llamado a la colaboración. “Tenemos que buscar nuestra propia solución, con la única responsabilidad de responder a los dominicanos y las dominicanas. Esa debe ser también la única responsabilidad de cada uno de ustedes”, afirmó.
El presidente también reiteró que la República Dominicana ha cargado con un peso desproporcionado frente a la crisis del vecino país, refiriéndose a Haití, y señaló que ahora es la comunidad internacional la que debe asumir su rol.
El acuerdo establece un marco de acción conjunto entre los gobiernos locales y la DGM, con tareas específicas para prevenir, controlar y revertir la inmigración irregular. Se implementarán medidas tanto en el corto como en el mediano plazo, y se fomentará la creación de canales directos de colaboración institucional.
Acciones clave del acuerdo
Entre las líneas de acción pactadas destacan la participación de los municipios en las mesas de seguridad provinciales, campañas para promover el cumplimiento de las políticas migratorias y el diseño de estrategias para evitar la contratación de inmigrantes en situación irregular en sectores productivos locales.
Además, los gobiernos locales recomendarán operativos de interdicción en zonas específicas, colaborarán en la inspección de espacios públicos y facilitarán la identificación de rutas utilizadas por redes de tráfico de personas.
Otro componente importante es el acompañamiento a menores no acompañados en situación de inmigración irregular. Para ello, se trabajará en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
El acuerdo también prevé reuniones periódicas entre los alcaldes y representantes regionales de la DGM, para evaluar avances, compartir información y coordinar operativos.
Responsabilidades compartidas
La Dirección General de Migración será la encargada de liderar los operativos de interdicción y repatriación, verificar el estatus migratorio, biometrizar a las personas intervenidas, y asegurar la documentación de cada caso. También coordinará el transporte y alojamiento de las personas en proceso de deportación.
Además, capacitará a los gobiernos locales sobre la normativa migratoria y sus procedimientos, buscando fortalecer sus capacidades de respuesta.
Por su parte, los ayuntamientos deberán identificar zonas de alta concentración de migración irregular, fiscalizar la venta de terrenos cercanos a la frontera y evitar la construcción de asentamientos ilegales. También están obligados a no contratar personas en condición migratoria irregular en sus oficinas ni permitirles alquilar o usar espacios públicos.
Se acordó además facilitar infraestructura básica —agua, electricidad, baños temporales— para la ejecución de operativos y apoyar campañas informativas sobre migración regular.
Un problema nacional, no municipal
Durante el acto, el presidente de la LMD, Víctor D’ Aza, recordó que los gobiernos locales tienen un papel de apoyo, no de sustitución de las autoridades migratorias. “Este no es un problema de un solo municipio ni de una provincia. Es un problema nacional que debemos enfrentar como país”, afirmó.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, destacó que las medidas acordadas fortalecerán la capacidad de respuesta del Estado y serán ejecutadas de forma coordinada con los alcaldes y directores distritales.
A la reunión asistieron también el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, en una clara señal del respaldo institucional al pacto.
Con este acuerdo, el gobierno busca cerrar filas entre el poder central y los municipios para dar respuesta a uno de los temas más sensibles y debatidos del país: el control migratorio y la protección de la soberanía nacional.
