Arismendi Díaz Santana indica que ninguno de los modelos vigentes garantiza equidad ni sostenibilidad real
Los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe enfrentan una amenaza crítica: el envejecimiento acelerado de la población y la falta de mecanismos que aseguren pensiones dignas con sostenibilidad fiscal y social. Así lo advierte el especialista en seguridad social Arismendi Díaz Santana, quien llama a una profunda revisión estructural de los esquemas actuales.
Según el reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe, los actuales modelos de reparto público y capitalización individual han fracasado en garantizar un retiro digno para millones de trabajadores. La investigación, que abarca 27 países de la región, desmonta el mito de que aún somos una región joven. En realidad, nos estamos envejeciendo más rápido que Europa o Asia.
El economista refiere que para 2050, se estima que una de cada cinco personas será mayor de 65 años por lo que sin reformas, los sistemas previsionales quedarán colapsados. Tanto el modelo de reparto, presente en países como Brasil, Honduras o Ecuador, como el de capitalización, vigente en Chile, Colombia, México y Perú, presentan graves desigualdades.
Los primeros de los señalados privilegian a quienes cotizan de forma continua, dejando desprotegidos a millones con trayectorias laborales intermitentes. Los segundos ofrecen una tasa de reemplazo de apenas el 40 % del último salario, y excluyen cualquier tipo de seguro de longevidad.
Subsidios actuales benefician más a trabajadores de mayores ingresos
El BID señala que los sistemas actuales de reparto subsidian hasta el 44 % de la pensión promedio a quienes cotizan de manera ininterrumpida durante toda su vida laboral. Pero este subsidio tiene un efecto perverso: favorece más a los de mayores ingresos, mientras que los trabajadores informales o con cotizaciones esporádicas quedan sin pensión.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha advertido sobre este carácter regresivo, especialmente en el caso brasileño, donde los trabajadores con mayores sueldos reciben subsidios monetarios mucho más altos que aquellos con ingresos bajos.
El seguridad social sostiene que de no producirse una reforma estructural, las consecuencias serán inevitables: mayor inequidad, insostenibilidad financiera y un sistema incapaz de responder a los cambios del mercado laboral, donde la tecnología y la informalidad continúan modificando las reglas del juego.
Los expertos del BID proponen dos soluciones urgentes:
- Alinear los beneficios con las aportaciones, eliminando los elementos regresivos y no deseados.
- Crear esquemas que puedan adaptarse tanto al envejecimiento poblacional como a los cambios profundos del empleo en el siglo XXI.
Finalmente, Arismendi Díaz Santana invita a una reflexión colectiva, y exhorta a promover una reforma integral de la Ley 87-01, con el fin de construir un sistema previsional más justo, universal y sostenible.
