Proyecto de ley busca incluir delitos por omisión, y establecer nuevas circunstancias agravantes
El Poder Ejecutivo depositó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que endurece las penas contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. La entrega formal estuvo a cargo del consultor jurídico Antoliano Peralta Romero, quien hizo entrega del documento al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
La iniciativa legislativa fue anunciada días después de que el presidente Luis Abinader presentara un paquete de medidas para proteger la soberanía nacional ante la agudización de la crisis en Haití. Esta reforma al marco legal vigente —la Ley 137-03— forma parte de ese paquete y busca ser conocida con carácter de urgencia.
Según explicó Peralta Romero, el proyecto modifica de forma específica los artículos 2, 5, 6 y 7 de la actual legislación. Se busca ampliar definiciones, incluir delitos por omisión, y establecer nuevas circunstancias agravantes que permitirán a las autoridades perseguir con mayor eficacia a quienes cometen estos crímenes.
Por ejemplo, el artículo 2 redefine el tráfico ilícito de migrantes, añadiendo elementos clave que antes limitaban las capacidades del Ministerio Público. El artículo 5 penaliza la omisión, incluyendo a quienes, por vínculos con la víctima o por haber creado una situación de riesgo, no actúen para evitar el daño.
Se introducen penas más severas para autores y cómplices del delito
Uno de los cambios más significativos es el aumento de las sanciones. La pena de reclusión pasaría de 10-15 años a 12-20 años, y las multas oscilarían entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de derechos de ciudadanía.
El artículo 6 redefine la figura del cómplice, y el artículo 7 agrega agravantes como el uso de armas, el daño a adultos mayores, o la muerte de la víctima, circunstancias que podrían implicar penas de hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos.
El presidente del Senado respaldó la iniciativa al calificarla como un asunto de “interés nacional que debe aprobarse con urgencia”. Reiteró que el Congreso trabajará “en un tiempo relativamente corto” para convertir el proyecto en ley.
