La fundación somete amparo de cumplimiento contra Procuraduría y Poder Judicial
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) ha iniciado un proceso de amparo de cumplimiento en contra del Consejo Superior del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Consejo del Poder Judicial. El objetivo es obligar a estas instituciones a implementar la Ley No. 340-22 sobre Extinción de Dominio, vigente desde su aprobación pero aún sin aplicación efectiva.
La FJT exige la creación de procuradurías o unidades especializadas para investigar y perseguir casos relacionados con la recuperación de bienes ilícitos, así como la habilitación de estructuras administrativas y personal necesario en el Poder Judicial para que los jueces puedan juzgar los delitos tipificados en la ley.
Máximo Calzado Reyes, vicepresidente ejecutivo de la FJT, destacó que esta acción surge debido a la inobservancia de los artículos 15, 16 y 104 de la ley, que establecen la necesidad de contar con instituciones adecuadas para su aplicación.
Ley de Extinción de Dominio: clave contra crimen y corrupción
La Ley No. 340-22 representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos en la República Dominicana.
Según Calzado Reyes, esta ley permite recuperar bienes ilícitos sin necesidad de una condena penal, desincentiva el crimen al impedir el disfrute de riquezas mal habidas, cumple con estándares internacionales y fortalece el sistema financiero.
Además, facilita la redistribución de los bienes incautados en beneficio de la sociedad.
Sin embargo, la FJT advirtió que la falta de implementación de unidades especializadas y la ausencia de jueces designados para estos casos comprometen la efectividad de la ley.
"Es fundamental que las autoridades cumplan con lo dispuesto en la Ley No. 340-22 para garantizar que los bienes obtenidos de manera ilícita sean investigados y recuperados a favor del Estado", afirmó la organización.
La FJT espera que las autoridades respondan en el plazo correspondiente y tomen las medidas necesarias para aplicar la ley.
De no ser así, Calzado Reyes aseguró que continuarán con el proceso de amparo en todos los estamentos jurisdiccionales, con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a una justicia efectiva y transparente.
