Investigación revela red criminal operando desde prisión con tecnología avanzada
Puerto Plata, RD – La Fiscalía de Puerto Plata ha logrado un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado al imponer un año de prisión preventiva a cinco individuos vinculados a una red de estafas que operaba desde el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe (CCR-1).
Los acusados, Isidro Frica Santos, Alfonso María Paredes, Milandis Núñez, Mary Michelle Ulloa y Brailín Núñez (alias El Mocho), enfrentan cargos por suplantación de identidad, extorsión, chantaje y fraude en línea.
Las pesquisas, lideradas por el procurador fiscal Warlyn Tavárez, director de la Unidad de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, expusieron que los implicados utilizaban la identidad del coronel Aneurys Ruiz Álvarez, director del DICRIM en Puerto Plata, para cometer fraudes a través de plataformas digitales.
Este grupo logró obtener fondos de manera ilegal, aprovechando la confianza de sus víctimas.
Además, se descubrió que los reclusos Isidro Frica Santos, Milandis Núñez y Alfonso María Paredes dirigían un centro de llamadas clandestino dentro del CCR-1, utilizando dispositivos móviles conectados a internet.
Este sistema les permitía contactar a sus víctimas y ejecutar estafas de manera eficiente.
Incautación de dispositivos y colaboración externa clave en la operación
Durante una requisa realizada por el equipo de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), se incautaron varios teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que eran fundamentales para las operaciones de la red.
Estos hallazgos confirmaron la sofisticación de la estructura criminal, que contaba con la colaboración de personas externas como Mary Michelle Ulloa y Brailín Núñez, quienes reclutaban individuos para recibir y gestionar los fondos ilícitos.
La procuradora fiscal Maribel Reynoso presentó pruebas contundentes ante el juez Romaldi Marcelino Henríquez, demostrando que los acusados violaron múltiples artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Código Penal Dominicano y la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos.
Este caso sigue en desarrollo, y las autoridades continúan investigando para identificar a otros posibles implicados en esta red delictiva, que representa una grave amenaza para la seguridad pública.
Los imputados cumplirán su prisión preventiva en el CCR-1 San Felipe, mientras se avanza en el proceso judicial.
