Justicia vuelve a dictar sentencia contra Jairo González y sus cómplices financieros
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional setenció a cinco años de prisión por fraude financiero a Jairo Joel González, conocido como el "Rey de las Criptomonedas", y su socio Gustavo Emilio López de los Santos.
Ambos fueron hallados culpables de liderar un esquema fraudulento basado en falsas inversiones en criptomonedas, lo que resultó en el desfalco de millones de dólares.
La condena, que será cumplida en la cárcel de Najayo, incluye la devolución de 800 mil dólares y una indemnización de 25 millones de pesos a una de las víctimas afectadas. Además, el tribunal ordenó la clausura definitiva de la empresa Harvest Trading Cap. SRL, utilizada como fachada para el fraude.
Los acusados ostentaban lujos con el dinero de las víctimas engañadas
Mientras los inversionistas perdían su dinero, los implicados disfrutaban de una vida de opulencia, financiada con los fondos obtenidos de manera fraudulenta. Con estos recursos, viajaban a Dubái, Emiratos Árabes y Guatemala, utilizaban jets privados y helicópteros, y adquirieron propiedades de lujo.
Entre los bienes confiscados destacan un penthouse en el Distrito Nacional, una propiedad en Playa Nueva Romana, locales comerciales en plazas exclusivas y vehículos de alta gama, incluyendo una Lamborghini Urus, Audi Q8, Porsche Macan y Lincoln Navigator.
Para evitar el rastreo, intentaron ocultar sus activos a través de testaferros, quienes también enfrentan cargos por lavado de activos.
Nueva advertencia para los mercados financieros y regulaciones más estrictas
El caso, llevado adelante por el abogado César Amadeo Peralta, marcó un precedente legal en la lucha contra los delitos financieros en República Dominicana.
A diferencia de otros procesos, la condena se logró sin intervención del Ministerio Público, lo que permitió a los jueces adoptar todas las medidas penales y civiles solicitadas por la defensa de las víctimas.
Las autoridades han advertido que muchos falsos corredores de bolsa operan sin cumplir los requisitos de la Ley 249-17, que exige un capital mínimo de 50 millones de pesos para funcionar legalmente.
La falta de este respaldo financiero facilita los esquemas fraudulentos, dejando a los inversionistas en una posición vulnerable.
