Fiscalía busca declarar caso complejo contra agentes del CCR El Pinito
La Vega (RD), 8 de febrero de 2025 — El Ministerio Público (MP) elevó este sábado una solicitud sin precedentes: 18 meses de prisión preventiva para el subdirector y seis agentes del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega, vinculados a la muerte de un interno y a actos sistemáticos de tortura. El caso, denominado *“Antídoto II”*, podría ser declarado de *tramitación compleja* por su gravedad y alcance institucional.
La investigación que destapó el horror
La Fiscalía de La Vega, liderada por Aura Luz García Martínez, inició pesquisas tras una denuncia de la Comisión de Cárceles en agosto de 2024. Las acusaciones apuntaban a maltratos, uso excesivo de la fuerza y torturas contra internos. Las pruebas recopiladas —testimonios, documentos y pericias— revelaron un patrón de violencia que culminó con la muerte de **Wilgens Nicolás Vargas**, interno del CCR, el 1 de septiembre de 2024.
Los imputados, entre ellos el subdirector **José Luis Agramonte** y agentes como **Julio Alcibíades Montás Pérez** y **Robert De La Rosa**, enfrentan cargos por *coalición de funcionarios, abuso de autoridad, homicidio agravado* y *actos de tortura*, tipificados en al menos nueve artículos del Código Penal dominicano.
¿Por qué prisión preventiva?
El MP argumenta que la medida es *“proporcional y necesaria”* para garantizar la presencia de los acusados en el proceso y evitar obstrucciones. “La gravedad de los hechos exige una respuesta contundente”, señaló un portavoz fiscal en un comunicado. Además, la petición de *tramitación compleja* aceleraría las audiencias y permitiría mayor rigurosidad en un caso que ha conmocionado al país.
Un sistema bajo la lupa
El escándalo en El Pinito reabre el debate sobre las condiciones carcelarias en República Dominicana. Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente prácticas brutales en centros penitenciarios, pero este caso destaca por la implicación directa de funcionarios en cargos de supervisión. “No son actos aislados; reflejan una cultura de impunidad”, criticó un representante de la Defensa Pública.
Mientras la justicia evalúa la solicitud del MP, familiares de las víctimas exigen justicia. “Wilgens no merecía morir así. Esperamos que esto marque un antes y un después”, declaró un familiar del occiso.
El tribunal de La Vega tiene ahora la última palabra: decidirá si los siete agentes enfrentan el proceso tras las rejas o en libertad, en un caso que podría sentar jurisprudencia contra la barbarie institucional.
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