La medida, tachada de inconstitucional, enfrenta resistencia judicial
WASHINGTON.- El 23 de enero de 2025, el juez federal John Coughenour detuvo cautelarmente la ejecución de una de las órdenes más polémicas firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ponía en riesgo el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el país.
En un fallo histórico, Coughenour calificó la medida como “descaradamente inconstitucional” y bloqueó su implementación por un período de dos semanas, mientras se lleva a cabo una revisión judicial más profunda. Este evento marca un nuevo capítulo en la batalla legal sobre la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución.
El presidente Trump, quien asumió su segundo mandato el lunes, había firmado una serie de órdenes ejecutivas que buscaban revocar políticas clave del gobierno anterior. Entre ellas, una que desafiaba directamente la normativa que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
La propuesta de Trump había sido objeto de crítica inmediata, especialmente de fiscales estatales demócratas, quienes argumentaron que la medida violaba los derechos constitucionales de los ciudadanos nacidos en el país.
La decisión del juez Coughenour se produjo tras la demanda interpuesta por una docena de fiscales estatales que denunciaron que la medida vulneraba la 14ª Enmienda, la cual establece que “toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos” es ciudadana del país. El juez, con más de cuatro décadas de experiencia, no dudó en cuestionar la falta de análisis legal previo a la firma de la orden ejecutiva, dirigiendo una crítica al equipo jurídico de Trump.
Aunque el fallo es temporal, la decisión tiene repercusiones importantes. Si la Casa Blanca decide apelar, el caso será llevado ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, un órgano compuesto exclusivamente por jueces designados por presidentes demócratas. Si la disputa persiste, Trump podría llevar el caso ante el Tribunal Supremo, donde los jueces republicanos tienen mayoría, lo que podría influir en el rumbo final del litigio.
Cabe recordar que, históricamente, el Tribunal Supremo de EE.UU. ha ratificado en varias ocasiones el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un principio que también fue respaldado por el Congreso antes de la ratificación de la 14ª Enmienda en 1868. La batalla legal en torno a este derecho fundamental continúa, con amplias implicaciones para el futuro de la política migratoria en Estados Unidos.
