Dice que podrían tener un impacto negativo en el medio ambiente y las MIPYMES del país.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) manifestó su preocupación ante las modificaciones introducidas a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley núm. 225-20), aprobadas recientemente por el Senado.
Según ANJE, estos cambios, realizados sin consulta previa, podrían tener un impacto negativo en el medio ambiente, la economía y las MIPYMES del país.
Falta de consulta genera incertidumbre en los sectores productivos dominicanos
La Ley núm. 225-20, resultado de tres años de consenso entre sectores productivos, medioambientales y gubernamentales, sufrió modificaciones urgentes en el Senado que han generado inquietud.
ANJE destacó la necesidad de que, al llegar el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, se asegure la participación ciudadana y de sectores claves para garantizar un enfoque inclusivo y sostenible.
“Modificaciones apresuradas pueden provocar incertidumbre y afectar la estabilidad de las pequeñas empresas, que contribuyen con más de un tercio del PIB nacional”, advirtió la organización.
Sostenibilidad y economía circular como pilares fundamentales del desarrollo
Los jóvenes empresarios reafirmaron su compromiso con la sostenibilidad y el impulso de una economía circular, pero recalcaron que las políticas deben ser viables para todos los actores económicos.
Enfatizaron la importancia de basar las decisiones en análisis técnicos y aprender de las experiencias de países con marcos regulatorios similares.
“Proteger el medio ambiente no debe ser incompatible con el crecimiento empresarial. Es crucial adoptar políticas que impulsen la sostenibilidad sin ahogar las oportunidades de desarrollo”, expresó ANJE.
Llamado a la revisión participativa del proyecto de ley en diputados
ANJE instó a los diputados a garantizar mecanismos de participación que permitan escuchar las observaciones de todos los sectores involucrados.
Aplaudieron el interés en promover la economía circular, pero recalcaron que su implementación debe considerar los desafíos de las MIPYMES y los sectores productivos para asegurar su éxito y equidad.
La asociación concluyó reiterando que el diálogo y la colaboración entre sectores son esenciales para construir un marco legal equilibrado que proteja el medio ambiente y fomente el crecimiento económico en República Dominicana.
