Desalojo por minería de Barrick Pueblo Viejo provoca enfrentamientos y preocupación social
Zambrana, Cotuí.– La comunidad de Zambrana, Cotuí, vivió momentos de tensión cuando una protesta en rechazo a los desalojos ejecutados por la minera Barrick Pueblo Viejo resultó en varios heridos, luego de que un contingente de policías y militares dispersara a los manifestantes mediante disparos y bombas lacrimógenas.
La manifestación fue impulsada por residentes de las comunidades afectadas por el proyecto minero, que busca construir una nueva presa de cola para expandir las extracciones de oro en la zona. Este proyecto implicaría el desalojo de varias familias que residen en las localidades de El Higo, El Rayo y Las Tres Bocas, ubicadas en el distrito minero de Zambrana.
El incidente ocurrió cuando los habitantes de estas comunidades intentaron alzar su voz para exigir un proceso de reubicación justo, además de una compensación adecuada por las tierras que perderían a raíz de las operaciones mineras. Sin embargo, la manifestación pacífica fue sofocada con violencia, resultando en personas heridas, quienes fueron trasladadas a la unidad de atención primaria local para recibir atención médica.
El diputado de la Fuerza del Pueblo, José Alberto Jiménez, quien se solidarizó con los afectados, solicitó la intervención urgente del Gobierno para garantizar que los desalojos y reubicaciones se realicen de forma transparente y equitativa. Además, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que se dé una respuesta rápida a la situación.
- Las comunidades de San Brana Arriba, Arroyo Vuelta, Laja, Las Tres Bocas, El Ligo, El Rayo y El Naranjo fueron las más afectadas por los enfrentamientos. Ante la llegada de las autoridades, la empresa Barrick Gold se presentó con miembros del Ejército Dominicano, lo que desató una serie de choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.
“Desde que la empresa se instaló en la zona, hemos enfrentado amenazas constantes y el despojo de nuestras tierras”, expresaron los residentes. Las familias, muchas de las cuales llevan generaciones en la región, temen perder sus hogares y patrimonio sin recibir una compensación justa ni un proceso de reubicación adecuado.
Este conflicto ha atraído la atención de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, quienes han denunciado la actuación de las autoridades y la empresa minera. Estas entidades exigen una investigación profunda sobre el proceder tanto de la Barrick Pueblo Viejo como de los cuerpos de seguridad involucrados en el enfrentamiento. Asimismo, se ha hecho un llamado al gobierno para garantizar que los derechos de los ciudadanos afectados sean respetados, y para que se evite el desalojo forzoso sin las condiciones adecuadas.
La situación en la zona sigue siendo delicada y se espera que las autoridades tomen medidas para aliviar las tensiones y resolver el conflicto de manera pacífica y con justicia social para las comunidades afectadas.
