Participación Ciudadana destaca logros en democracia, en informe de 2024 divulgado este lunes
Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, presentó este lunes su balance anual, resaltando importantes avances en la organización de los procesos electorales de 2024 y el crecimiento económico del país, pero señalando preocupaciones en torno a la corrupción, la abstención y el endeudamiento público.
El informe destaca que, pese a las mejoras en la gestión de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, la abstención electoral aumentó significativamente. Este fenómeno, atribuido a la desafección política y al clientelismo persistente, es uno de los retos principales que enfrenta la Junta Central Electoral (JCE), institución que ha prometido investigar y abordar la problemática para 2025.
Democracia fortalecida, pero con retos judiciales
Entre los logros institucionales del año, se subraya la aprobación de una reforma constitucional que refuerza la alternancia presidencial, limitando los mandatos a dos periodos consecutivos. Además, se excluyó al procurador general del Consejo Nacional de la Magistratura, promoviendo mayor independencia judicial.
Sin embargo, PC lamenta la lentitud de los procesos judiciales en casos de corrupción, donde prevalecen tácticas dilatorias. Casos como el denominado "Camaleón" evidencian preocupaciones sobre la integridad del sistema, especialmente tras decisiones judiciales cuestionadas que afectan la transparencia y el debido proceso. A esto se suma la controversia generada por una normativa judicial que dificulta identificar imputados, obstaculizando el acceso a la información pública en procesos legales.
Economía lidera en la región
La economía dominicana cerrará el año con un crecimiento estimado del 5%, el más alto en América Latina, y una inflación controlada cercana al 3%. Participación Ciudadana reconoce estos logros, pero advierte sobre el ritmo de endeudamiento público, instando al gobierno a implementar una reforma fiscal integral en 2025 que permita atender necesidades de inversión clave.
Entre las reformas urgentes mencionadas están las de seguridad social, salud, partidos políticos, reforma policial, y la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas. La Ley de Extinción de Dominio, promulgada en 2022, sigue sin aplicarse debido a la falta de reglamentación, evidenciando otro caso de estancamiento en políticas públicas.
Avances y retrocesos en la lucha contra la corrupción
El año 2024 estuvo marcado por una ralentización en la función fiscalizadora de organismos clave, como la Cámara de Cuentas, el Congreso Nacional y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Pese a esto, PC valoró la promulgación de la Ley No. 18-24 para modernizar la Cámara de Cuentas, así como el fortalecimiento de la Dirección de Compras y Contrataciones, que ha mejorado su capacidad de monitoreo.
Participación Ciudadana hizo un llamado al Congreso Nacional para evitar que la Cámara de Cuentas siga siendo víctima de reparto político entre partidos, práctica que ha debilitado la eficiencia y credibilidad del organismo. También insistió en la necesidad de avanzar en la elección de magistrados en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral con transparencia y primacía del interés colectivo.
Relación con Haití: prudencia y firmeza
El informe también abordó la relación bilateral con Haití, instando al gobierno a mantener una política equilibrada y firme ante la crisis que afecta al país vecino. PC reiteró la necesidad de controlar la corrupción en el trasiego de haitianos y establecer mecanismos institucionales para regularizar a los trabajadores migrantes que aportan significativamente a la economía nacional.
Compromiso con 2025
De cara al próximo año, Participación Ciudadana reafirmó su compromiso de seguir promoviendo la transparencia, el fortalecimiento democrático y la lucha contra la corrupción. Asimismo, exhortó a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante frente al uso de los recursos públicos y a exigir justicia en los casos de corrupción, en línea con los valores de una democracia sólida y participativa.
En su mensaje final, la organización alentó al gobierno a retomar el diálogo para una reforma fiscal nacional, garantizar la aplicación efectiva de leyes clave y trabajar en pro del bienestar colectivo y el respeto de los derechos humanos en la República Dominicana.
