La decisión refuerza la lucha contra el comercio ilícito en el país.
Santo Domingo. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) celebró la reciente sentencia de la Tercera Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo Oeste, que ratificó una condena de 30 años de prisión contra un individuo responsable de fabricar y comercializar bebidas alcohólicas adulteradas. Este caso, que provocó la muerte de cuatro personas y dejó siete intoxicadas en 2021, marca un hito en la lucha contra el comercio ilícito en el país.
La condena, basada en violaciones a la Ley General de Salud No. 42-01, la Ley No. 17-19 para la Erradicación del Comercio Ilícito y los artículos 301 y 302 del Código Penal Dominicano, refleja el compromiso de las autoridades con la seguridad pública y el régimen de consecuencias para quienes incurren en estas prácticas.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, destacó la relevancia de la decisión judicial, calificándola como un avance crucial en la erradicación del comercio ilícito.
“Esta sentencia envía un mensaje contundente: el comercio ilícito no quedará impune. Es esencial proteger a los consumidores y garantizar un mercado seguro y transparente”, afirmó.
Un problema de salud pública y seguridad
El comercio de bebidas adulteradas no solo representa una amenaza económica, sino que pone en grave riesgo la salud de los consumidores. En el caso sentenciado, las bebidas ilegales contenían componentes químicos peligrosos que resultaron mortales para las víctimas.
La AIRD reiteró la necesidad de mantener un monitoreo constante del mercado y fomentar la denuncia ciudadana. “Instamos a las empresas y a los ciudadanos a reportar cualquier actividad sospechosa que atente contra la calidad de los productos. Juntos podemos combatir esta amenaza y construir un entorno más seguro para todos”, señaló Pujols.
Compromiso del sector industrial
La asociación enfatizó su compromiso con la colaboración interinstitucional, trabajando de la mano con las autoridades para reforzar la supervisión y el cumplimiento de las normativas. Pujols subrayó que la aplicación estricta de las leyes es clave para disuadir futuras infracciones.
“No debemos bajar la guardia en esta lucha. El comercio ilícito afecta a todos, desde la salud de los ciudadanos hasta la economía formal”, añadió.
Con esta sentencia, la AIRD reafirma su posición como un aliado estratégico en la defensa de la legalidad y la salud pública, llamando a la acción conjunta de todos los sectores para erradicar el comercio ilícito y sus consecuencias devastadoras.
