Sentencia confirma la inconstitucionalidad y expulsa la ley del ordenamiento
Santo Domingo.- El Tribunal Constitucional de la República Dominicana declaró inconstitucional la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al considerarla “no conforme con la Constitución”. La decisión, contenida en la Sentencia TC/0767/24, fue divulgada este viernes y acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por los partidos Fuerza del Pueblo (FP), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
En su argumentación, el tribunal determinó que la norma debía ser tratada como una ley orgánica, un requisito que no cumplió durante su aprobación. “Este tribunal constitucional determina que la Ley núm. 1-24, independientemente de la mayoría con la que fue sancionada y de la materia que trate, definitivamente no fue aprobada como orgánica. No fue ese el tratamiento legislativo que recibió ni fue esa la intención del Congreso Nacional”, establece la sentencia.
La decisión implica que la Ley 1-24 queda expulsada del ordenamiento jurídico dominicano, un acto que tiene repercusiones tanto legales como políticas en el marco del debate nacional sobre la regulación de los organismos de inteligencia.
Una ley polémica desde su inicio
La Ley 1-24, promulgada en enero de este año, generó una ola de críticas desde diversos sectores. La norma otorgaba amplias facultades al DNI, lo que para muchos constituía una amenaza a derechos fundamentales como la intimidad, el honor y la libertad de expresión e información.
Entre los sectores más críticos se destacó la Sociedad Dominicana de Diarios, que expresó preocupaciones respecto al posible uso abusivo de las facultades conferidas al DNI. Esta postura también fue respaldada por organizaciones de la sociedad civil, que argumentaron que la ley violaba artículos clave de la Constitución relacionados con derechos ciudadanos.
Ante las críticas, el Poder Ejecutivo reaccionó proponiendo modificaciones a la legislación. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó en el Senado un proyecto que introducía mayores limitaciones al campo de acción del DNI. Este proyecto fue previamente consensuado con actores clave de la sociedad civil.
Impacto de la sentencia
La anulación de la Ley 1-24 representa un revés para el Gobierno y plantea interrogantes sobre cómo será regulada la actividad de inteligencia en el futuro. La sentencia no solo reitera la importancia de cumplir con los requisitos constitucionales en la creación de leyes, sino que también subraya el rol del Tribunal Constitucional como guardián de los derechos fundamentales y del debido proceso legislativo.
La decisión fortalece las demandas de mayor transparencia y regulación en la creación de organismos de inteligencia en el país, mientras deja al Congreso y al Ejecutivo la tarea de elaborar una legislación más robusta y respetuosa de la Constitución.
Con este fallo, se marca un precedente en la supervisión judicial sobre las leyes que impactan derechos fundamentales, una señal clara de que el marco constitucional dominicano no tolerará atajos en los procesos legislativos.
