Caracas acusa a Washington de agresión contra su soberanía nacional
Caracas, Venezuela. El gobierno venezolano, a través del Ministerio de Exteriores, ha rechazado de manera contundente las sanciones impuestas por Estados Unidos contra 21 funcionarios, calificándolas como un “acto desesperado” y “una agresión ilegítima” que busca desestabilizar al país.
En un comunicado oficial, el ministerio denunció que estas medidas son parte de una estrategia del gobierno estadounidense para encubrir “su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social” que atraviesa su propio país. Además, describió las sanciones como un intento por apoyar a “un grupo fascista disperso y desprestigiado” en su fracasada política de cambio de régimen en Venezuela.
“Un grupo de patriotas” bajo ataque
El texto difundido por el Ministerio de Exteriores destacó que los sancionados son “patriotas dedicados a salvaguardar la paz, la estabilidad, la recuperación económica y la unidad nacional” frente a lo que describen como la “violencia fascista” promovida por Washington.
“Estas medidas coercitivas unilaterales son ilegítimas y violan los principios del derecho internacional”, indicó el comunicado. Además, señaló que representan un ataque directo contra “el noble pueblo venezolano”, que ha resistido con determinación las agresiones extranjeras.
Respuesta a la “victoria popular” de julio
El gobierno bolivariano contextualizó las sanciones dentro del marco de su reciente “gran victoria popular” en las elecciones del 28 de julio, reiterando su compromiso con un modelo democrático participativo y protagónico. “A cuatro meses de esa victoria, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de seguir consolidando nuestra democracia y fortaleciendo nuestra economía, a pesar de las constantes agresiones”, destacó el Ministerio.
Según Caracas, las sanciones buscan prolongar la presión internacional sobre el país y dar un último impulso a grupos opositores “sin arraigo popular” que intentan socavar el orden institucional.
Un conflicto político prolongado
Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense son las más recientes de una serie de medidas dirigidas a altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, acusados de fraude electoral y represión tras las elecciones. Sin embargo, desde Caracas, se mantiene la postura de que estas acciones forman parte de una estrategia fallida para forzar un cambio de régimen.
El comunicado venezolano subraya que “la política de cambio de régimen de Estados Unidos ha fracasado rotundamente”, y acusa al gobierno norteamericano de intentar desviar la atención de sus propios problemas internos mediante la agresión contra Venezuela.
Reacciones divididas
Mientras que Estados Unidos ha reafirmado su compromiso de “señalar a quienes socavan la democracia y los derechos humanos”, el gobierno venezolano insiste en que estas acciones violan la soberanía nacional y buscan deslegitimar los avances políticos y económicos del país.
La polarización en torno al tema evidencia la persistencia de un conflicto político que no muestra signos de resolución a corto plazo. Las sanciones y las respuestas enérgicas desde Caracas reflejan un escenario de tensiones diplomáticas que continúa afectando tanto a las relaciones bilaterales como a la estabilidad regional.
Con este cruce de acusaciones, el enfrentamiento entre ambos países parece lejos de encontrar una salida dialogada, mientras la comunidad internacional observa con atención las consecuencias de estas sanciones en el panorama político y social venezolano.
