Presidenta peruana bajo la sombra de la supuesta corrupción de su hermano perseguido por la justicia
En medio de una crisis política y social en Perú, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, lanza una polémica recomendación: que su hermano Nicanor Boluarte, acusado de corrupción, no se entregue a la Justicia mientras su apelación contra la prisión preventiva esté en curso.
El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la semana pasada la detención de Nicanor, actualmente en paradero desconocido, y le impuso tres años de prisión preventiva por su presunta implicación en un caso de tráfico de influencias, cohecho y organización criminal.
Acusaciones de tráfico de influencias y organización criminal
Nicanor Boluarte es señalado de liderar una red criminal que habría utilizado la llegada al poder de su hermana para manipular nombramientos estratégicos en el gobierno, favoreciendo intereses partidistas del grupo Ciudadanos por el Perú. Si es hallado culpable, enfrenta una condena de hasta 35 años de prisión.
Según los fiscales, Nicanor habría usado su cercanía con la presidenta para designar prefectos y subprefectos con fines proselitistas. Su rol como supuesto líder de esta organización criminal deja al descubierto la posible conexión entre el poder político y actos ilícitos que desangran la confianza en las instituciones peruanas.
La estrategia legal: no acatar decisiones “injustas”
Portugal calificó la orden de prisión como "arbitraria" y apeló al derecho de objeción de conciencia para justificar la huida de Nicanor. "No recomiendo que se entregue en estas condiciones", afirmó el abogado, alegando que se trata de una persecución judicial.
En paralelo, Portugal dejó entrever que Dina Boluarte podría evitar declarar si la Fiscalía la cita por el caso. Aunque no confirmó contacto reciente entre los hermanos, sus declaraciones han alimentado la polémica y generado dudas sobre la integridad del gobierno.
Gestión en crisis: aprobación presidencial en mínimos históricos
Los escándalos de corrupción de su entorno agravan la frágil situación de Dina Boluarte, quien asumió el cargo en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo. Su mandato ha estado marcado por protestas masivas, represión y una aprobación ciudadana que apenas alcanza el 3%.
Mientras el país enfrenta altos niveles de inseguridad y descontento social, las acusaciones contra Nicanor Boluarte amenazan con desestabilizar aún más un gobierno ya al borde del abismo.
La pregunta ¿Es este el fin de la confianza en la familia presidencial? Solo el tiempo y los tribunales lo dirán. Con datos de Europa Press.
