Feminicidios a la baja: una cifra que revela más que números
Santo Domingo.-En un informe impactante, la Dirección contra la Violencia de Género del Ministerio Público ha reportado una notable reducción en los feminicidios ocurridos en República Dominicana en los últimos años. En 2024, 46 feminicidios se han registrado hasta el momento, un descenso significativo frente a los 70 en 2020, 86 en el 2021, mientras que en el 2022 ocurrieron 63 y en el 2023 otros 65 según revela el reporte preliminar de este año.
Si bien los números bajan, no podemos ignorar lo que subyace detrás: un sistema de justicia que aún no termina de garantizar la protección real de las mujeres. La caída de cifras debe ser vista con escepticismo, ya que muchos casos siguen sin resolverse, y la impunidad se mantiene presente.
Las cifras del Ministerio Público son reveladoras, pero ¿se está enfrentando realmente el problema desde su raíz? Aunque la reducción es un paso positivo, el riesgo persiste. Las mujeres siguen siendo víctimas de violencia, y el descenso de los feminicidios no asegura que la violencia machista esté siendo erradicada.
Programas de prevención: ¿efectivos o parches?
El Ministerio Público, al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, destacó la formación de 700 profesionales en el sistema de atención a mujeres víctimas de violencia. Si bien estas acciones educativas son una pieza fundamental, el verdadero reto radica en asegurar que los conocimientos adquiridos no se queden solo en teoría y se implementen con efectividad en cada caso que llegue a las unidades especializadas.
Además, los protocolos de actuación son insuficientes si no van acompañados de una estructura sólida que garantice la protección inmediata de las mujeres. De nada sirve capacitar a los agentes si el sistema de atención sigue siendo lento y desorganizado, lo que limita la efectividad de la respuesta institucional frente a casos urgentes.
Los talleres y charlas son una herramienta, pero deben estar acompañados de una voluntad política para transformar el sistema judicial y garantizar agilidad y justicia para las mujeres que denuncian.
Remozamientos y construcción de unidades
Las unidades de atención a la violencia, como las de San Cristóbal y Santiago, han sido remozadas y equipadas, y aunque estos esfuerzos son bienvenidos, hay que cuestionar: ¿realmente están sirviendo a las mujeres sobrevivientes de violencia? Más de 80 millones de pesos se han invertido, pero ¿cuántas mujeres se sienten realmente protegidas por estas reformas?
El remozamiento de unidades no debería ser una estrategia de marketing político, sino una respuesta real a la ineficiencia del sistema de justicia.
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Construir nuevas instalaciones y equiparlas es una parte importante de la infraestructura, pero no debe ser la única. El mantenimiento de las unidades existentes es igualmente crucial.
Las mujeres que acuden a las instalaciones deben encontrar no solo servicios adecuados, sino también un sistema de apoyo emocional y jurídico que les garantice cuidado integral.
La pregunta clave aquí es si estas reformas estructurales se están traduciendo en un cambio real en la calidad del servicio, y si las unidades cuentan con personal capacitado y recursos suficientes para enfrentar los crecientes desafíos.
Violencia de género: cifras alarmantes y respuestas insuficientes
A pesar de la reducción en los feminicidios, el número de denuncias de violencia de género sigue siendo alarmante: en 2024 se registraron más de 59,000 denuncias. Sin embargo, la justicia sigue siendo lenta y el sistema sigue siendo percibido como ineficaz.
Los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y el acoso laboral siguen siendo moneda corriente en una sociedad que parece ignorar las raíces profundas de la violencia machista. La falta de respuestas inmediatas a las denuncias refleja las fallas del sistema judicial y el desdén con que se trata a las víctimas.
Las mujeres continúan enfrentando obstáculos cuando intentan obtener justicia. Las órdenes de protección y las medidas cautelares se emiten, pero no siempre se cumplen, lo que pone en peligro la seguridad de las víctimas.
Las denuncias por agresión sexual, violencia física y violencia psicológica siguen aumentando, lo que indica que, a pesar de los esfuerzos, las víctimas siguen desamparadas.
En lugar de mejorar de manera sustancial la respuesta institucional, parece que solo se está gestionando un flujo de informes que no siempre se traducen en acciones concretas.
Compromiso institucional
Aunque el Ministerio Público reitera su compromiso en la lucha contra la violencia de género, y diversos acuerdos se han firmado con instituciones como el Voluntariado Banreservas y el Ministerio de la Mujer, la realidad de las mujeres dominicanas sigue siendo dramática.
Las políticas de prevención y asistencia legal son necesarias, pero aún falta mucho por hacer para garantizar que estas mujeres no solo encuentren apoyo, sino justicia real.
Los esfuerzos son notables, pero el sistema judicial sigue siendo lentísimo y la impunidad sigue siendo la norma, no la excepción. La falta de compromiso genuino con la protección de las mujeres es un obstáculo que no puede seguir siendo ignorado.
A pesar de las declaraciones y los proyectos conjuntos con organizaciones internacionales, la lucha contra la violencia de género sigue siendo más un reto institucional que una victoria tangible para las mujeres.
Las políticas públicas deben ser transformadas, no solo para disminuir las estadísticas de feminicidio, sino para erradicar la violencia estructural que persiste en todos los niveles de la sociedad.
