Sucesores de Luis Conrado Cedeño señalan irregularidades en la parcela 68-B-004-16699 y acusan a ex juez de parcialidad
Santo Domingo, R.D. – La familia Cedeño Rubini, sucesores de Luis Conrado Cedeño Castillo, denuncia presuntas irregularidades judiciales en un conflicto que mantiene desde 2009 con la empresa Construcciones y Minería Virgen de la Altagracia (Commivial) por la propiedad de la parcela 68-B-004-16699, una extensión de 128 mil metros cuadrados ubicada en Bávaro, Higüey.
En rueda de prensa, la empresaria Rejane Cedeño Rubini y el abogado Stalin Ciprián, representantes de la familia, afirman que la propiedad fue adquirida legalmente en 1999 y deslindada en 2005, pero, desde entonces, ha sido objeto de controversias judiciales que, según ellos, violan el derecho a la propiedad. Entre las irregularidades señaladas mencionaron una demanda reconvencional de Commivial, la fusión irregular de expedientes y la omisión de pruebas que demuestran la legalidad de la adquisición.
El abogado Ciprián subrayó que diversas instancias judiciales, incluyendo el Tribunal de Jurisdicción Original de Higüey y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), han fallado a favor de los demandados, aplicando criterios penales inapropiados para el ámbito inmobiliario y desestimando evidencias clave.
Una situación que despierta cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso es el papel del ex juez de la SCJ, Robert Placencia Álvarez, quien, siendo magistrado, firmó una sentencia desfavorable a la familia Cedeño y actualmente representa a Commivial como su abogado principal. Esto, según los demandantes, genera serias dudas sobre la integridad y transparencia del caso.
La familia Cedeño Rubini continúa con su lucha legal, habiendo recurrido al Tribunal Constitucional y persistiendo en acciones contra licencias de construcción que califican de ilegales. Con su denuncia, exigen una revisión justa y exhaustiva del caso en la Suprema Corte de Justicia, esperando una resolución que rectifique lo que consideran un atropello a sus derechos y a la confianza en el sistema judicial dominicano.
