Escándalo judicial sacude la región Este: grave conflicto de interés
Higüey, R.D. – Un nuevo caso judicial estremece la región Este de la República Dominicana, donde empresarios denuncian despojo de propiedad y corrupción judicial y un ex juez ahora es el abogado del supuesto usurpador.
Los sucesores de Luis Conrado Cedeño Castillo denuncian un despojo descarado de su propiedad. El conflicto se centra en la parcela 68-B-004-16699, con una extensión de 128 mil metros cuadrados, situada en Bávaro, y cuya disputa legal se remonta a más de una década con la empresa Construcciones y Minería Virgen de la Altagracia (Commivial).
La empresaria Rejane Cedeño Rubini y su abogado Stalin Ciprián, durante una rueda de prensa en Naco, acusaron a Robert Placencia Álvarez, ex juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de ser el artífice de una sentencia amañada en 2009.
Califican de alarmante que ahora el mismo ex magistrado es el abogado principal de Commivial, lo que pone en entredicho la imparcialidad de todo el proceso.
Según los denunciantes, Luis Conrado Cedeño Castillo adquirió legalmente el terreno en 1999 y lo deslindó en 2005. Sin embargo, desde entonces, ha enfrentado una serie de manipulaciones judiciales, incluyendo la fusión irregular de expedientes, demandas infundadas para anular sus derechos y la exclusión de pruebas cruciales que legitiman su propiedad.
El abogado Ciprián reveló que tanto el Tribunal de Jurisdicción Original de Higüey como el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este y la Tercera Sala de la SCJ han fallado sistemáticamente a favor de Commivial, ignorando evidencias clave y aplicando principios penales inapropiados en un caso de índole inmobiliaria.
Los sucesores de Cedeño Castillo no se rinden y han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, exigiendo la revocación de licencias de construcción ilegales otorgadas sobre su parcela.
Claman por una revisión justa que restaure su derecho a la propiedad y devuelva la confianza en un sistema judicial cada vez más cuestionado por corrupción e intereses oscuros.
Este caso pone de relieve las graves fallas del sistema judicial dominicano, donde los poderosos se benefician de sentencias a la carta, socavando el estado de derecho y afectando la confianza de los ciudadanos en la justicia.
