Dicen que es inconstitucional y falta de respeto a la privacidad personal
Santo Domingo.-La reciente circular 018031 del Ministerio de Administración Pública (MAP) ha desatado una tormenta en el sector público dominicano, al exigir a más de 600,000 servidores que presenten sus facturas de servicios básicos en un plazo de 15 días. Esta medida ha sido calificada como inconstitucional y violatoria de la dignidad de los trabajadores públicos por miembros del Comité Político del PLD.
Zoraima Cuello, ex candidata a la vicepresidencia, ha criticado abiertamente la disposición, advirtiendo que plantea serias preguntas sobre los límites del control estatal y el respeto a la privacidad personal.
"Esta medida ignora principios fundamentales de la Ley 107-13, que protege los derechos de los ciudadanos frente a la administración", señala Cuello, enfatizando que los ciudadanos no deben presentar documentos ya en poder del Estado.
Cuello enumeró tres implicaciones devastadoras de la circular:
- Carga administrativa innecesaria: Afecta a más de 614,000 servidores y supone un procesamiento monumental de documentos.
- Invasión a la privacidad: Exponer detalles personales de los servidores cuestiona la integridad familiar y el derecho a la intimidad.
- Retroceso tecnológico: Derroche de recursos en un sistema obsoleto, contraviniendo la necesidad de modernización.
“¿Qué mensaje enviamos al tratar a los servidores públicos con desconfianza?”, se pregunta Cuello, cuestionando la legitimidad de tales exigencias.
Por su lado, José Dantés Díaz, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, coincide en que la disposición es una “locura”. Denuncia que presionar a los empleados a cumplir con reportes bajo el temor de perder sus empleos, y recalca que la medida vulnera el Artículo 44 de la Constitución sobre el derecho a la intimidad y el honor personal.
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Dantés explica que las empresas de servicios públicos ya cuentan con mecanismos para que los usuarios cumplan con sus obligaciones, como la suspensión o el corte del servicio, sin que estas informaciones privadas deban ser de dominio público.
“El enfoque debe ser asegurar que los servicios públicos satisfagan las necesidades del interés colectivo, con principios de eficiencia y transparencia”, afirma.
Ambos dirigentes esperan que el gobierno recapacite y revoque esta medida que irrespeta la vida privada de los ciudadanos y mina la confianza en la administración pública.
Coinciden en que la dignidad humana debe prevalecer en un Estado que se dice respetuoso de los derechos de su población.
Las declaraciones de los dos miembros del Comité Político del PLD fueron servida por su secretaría de Comunicaciones.
