Solicitan medidas de coerción por tráfico y lavado de dinero para los seis presuntos miembros
Santo Domingo.-El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción, incluyendo prisión preventiva, para los implicados, de una red internacional de narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas desmantelada tras los operativos realizados el pasado 4 de octubre en varias provincias del país.
En los allanamientos simultáneos seis personas fueron arrestadas en María Trinidad Sánchez, Santo Domingo, Samaná, Montecristi, y el Distrito Nacional. Entre los arrestados se encuentran Ángel María Polanco Tavarez, Luis Arístides Alcequiez y Alanna Familia, quienes enfrentan graves acusaciones relacionadas con tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.
Las autoridades del Ministerio Público incautaron más de 2 millones de pesos en efectivo, junto a 11 vehículos de lujo como Toyota Hilux, Lexus, y Mercedes Benz, que habrían sido adquiridos con fondos obtenidos por actividades ilícitas. Además, se confiscaron seis armas de fuego, incluyendo una pistola de la marca Daewoo vinculada a un sospechoso buscado por INTERPOL por cargos de homicidio.
Un prófugo peligroso: Joel Antonio Estévez Batista
La red operaba desde 2015 y su líder, Joel Antonio Estévez Batista, aún está prófugo. Estévez es un narcotraficante de alto perfil con un historial de condenas por tráfico internacional de drogas. En 2019, fue condenado a 30 años de prisión junto con otros delincuentes de renombre como Alejandro Vidal, quien murió bajo circunstancias sospechosas en prisión.
La complejidad del caso se debe a la cantidad de pruebas recolectadas y al nivel de organización de esta estructura criminal. En adición a los arrestos, los fiscales indicaron que también se ocuparon propiedades comerciales, como discotecas, licorerías y almacenes, que eran utilizados para lavar dinero proveniente de actividades ilegales. Estas propiedades abarcan distintas provincias del país, destacando su alcance y control.
El hallazgo de cocaína: el detonante de la investigación
La operación judicial está conectada con el hallazgo de 243 paquetes de cocaína clorhidratada el 20 de febrero de 2023 en una villa en la carretera Río San Juan-Cabrera. Este descubrimiento fue clave para desmantelar la red y permitió vincular a varios de los detenidos, como Javier de Jesús de Oleo y Omar Ortiz Mosquea, quienes también enfrentan cargos de narcotráfico.
El caso ha sido declarado complejo, y el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los principales acusados, mientras que otros podrían enfrentar garantía económica y presentación periódica. La audiencia para determinar las medidas de coerción está programada para el 7 de octubre de 2024.
