Acusan a 21 implicados en un esquema fraudulento de millones de dólares a cientos de envejecientes estadounidenses.
Santiago, RD.- La Fiscalía de este municipio ha presentado una acusación formal contra 21 imputados, incluidas dos entidades societarias, por su participación en un esquema fraudulento que estafó a cientos de envejecientes estadounidenses. Este escándalo, investigado y frustrado por la Operación Discovery 2.0, ha destapado un entramado de estafas electrónicas que dejó a muchas víctimas sin sus ahorros vitales.
El escrito de acusación, que abarca 950 páginas y contiene más de 450 pruebas, revela las tácticas engañosas que emplearon los acusados para sustraer recursos de sistemas de seguros y fondos de retiro.
La operación, que se considera una de las más complejas de la Fiscalía de Santiago en años recientes, se llevó a cabo con la colaboración de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y organismos de seguridad de Estados Unidos.
Durante la investigación, se descubrió el estado de vulnerabilidad de las víctimas: trabajadores adultos mayores que perdieron décadas de ahorros, fundamentales para asegurar su bienestar.
El impacto de estos crímenes va más allá del ámbito individual; afecta la imagen de la República Dominicana, comprometiendo su turismo y las relaciones con otros países, y amenaza la estabilidad financiera de muchas familias.
La Fiscalía no solo busca justicia, sino también el decomiso de bienes materiales vinculados a los delitos, que incluyen vehículos, propiedades y efectivo. Algunos de los imputados, como Claudio Santana, ya enfrentan cargos en Estados Unidos, reflejando la magnitud del problema.
Hasta la fecha, permanecen bajo prisión preventiva Miguel Ángel Camilo Pérez, Erick Ángel Peña Núñez, Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy Urtarte (Metra), Hayler Andrés Olivarez Núñez y Kelvin Antonio Carmona Sánchez
La Operación Discovery 2.0, respaldada por un equipo multidisciplinario de más de 26 fiscales y 230 agentes de la Policía Nacional, desmanteló cuatro centros de llamadas clandestinos, revelando la meticulosa organización de esta mafia moderna.
Con esta acción, la Fiscalía da un paso firme hacia la recuperación de la confianza pública y la defensa de los derechos de los más vulnerables en la sociedad.
