Organizaciones denuncian restricción del acceso a información y acoso a periodistas bajo el gobierno de Bukele.
Miami (13 de septiembre de 2024) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) alertaron sobre el agravamiento de las libertades de expresión y de prensa en El Salvador tras una misión conjunta realizada del 9 al 11 de septiembre. Las organizaciones señalaron que el estado de emergencia impuesto por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022 ha exacerbado las restricciones a la labor periodística en el país.
En un comunicado se señala que durante la misión, encabezada por el presidente de la SIP, Roberto Rock, y la coordinadora del programa de América Latina del CPJ, Cristina Zahar, se sostuvieron reuniones con medios de comunicación, asociaciones de periodistas, académicos, ONGs y diplomáticos. La delegación constató graves problemas como la falta de acceso a la información pública, el acoso a periodistas y el uso de tácticas intimidatorias para silenciar a la prensa crítica.
Restricciones y vigilancia ilegal
Uno de los principales hallazgos de la misión fue la severa limitación al acceso a información pública. El gobierno ha debilitado las instituciones encargadas de garantizar la transparencia, particularmente en temas relacionados con la situación en las cárceles y la criminalidad. Los periodistas denuncian una "enorme opacidad" y falta de acceso a fuentes oficiales, lo que obstaculiza el ejercicio periodístico.
Además, se reveló que el software espía Pegasus fue utilizado para espiar a periodistas críticos del gobierno entre 2020 y 2021, afectando a 35 comunicadores y medios. Entre los afectados figuran importantes medios como El Faro, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.
Hostigamiento y autocensura
La misión documentó denuncias de estigmatización, acoso y amenazas contra periodistas, provenientes de funcionarios y militantes del gobierno. Esta situación ha generado un clima de autocensura entre los profesionales de la prensa. Más de una docena de periodistas han sido forzados a exiliarse en los últimos dos años debido a la persecución.
El presidente Bukele y otros altos funcionarios han sido señalados por desacreditar públicamente a la prensa y promover campañas de desprestigio contra medios críticos. Asimismo, se ha detectado el uso de troles y contratistas digitales para hostigar a periodistas y difundir desinformación.
Reacciones del gobierno
En respuesta a las críticas, el Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, negó que exista persecución contra la prensa, argumentando que no hay periodistas encarcelados o asesinados en el país. Además, se mostró crítico con los informes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), rechazando sus metodologías.
A pesar de las advertencias de la SIP y el CPJ, Guzmán señaló que el gobierno está trabajando para invitar al relator especial para la libertad de expresión de la CIDH a El Salvador, aunque no dio detalles concretos sobre los avances en este sentido.
Esta misión de la SIP y el CPJ refleja la creciente preocupación internacional sobre la situación de la libertad de prensa en El Salvador, en un contexto donde el ejercicio del periodismo se enfrenta a múltiples obstáculos y amenazas.
