España y Estados Unidos condenan represión judicial contra Edmundo González Urrutia
Un grupo de más de 40 países, encabezados por España y Estados Unidos, ha denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la "persecución judicial" contra Edmundo González Urrutia, el principal candidato opositor en las elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas el pasado 28 de julio. La situación de los derechos humanos en Venezuela ha empeorado de forma "alarmante", según la declaración conjunta presentada.
Grave crisis de derechos humanos en Venezuela
La ministra de Exteriores de Argentina, Diana Mondino, tomó la palabra en representación de estas naciones para expresar su "profunda preocupación" por lo que calificó como una "crisis estructural de derechos humanos" en Venezuela. Desde la jornada electoral, se ha observado un incremento en las detenciones arbitrarias de opositores, periodistas y manifestantes, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, lo que ha afectado gravemente al Estado de derecho y la democracia en el país.
Denuncias de represión y persecución judicial
Uno de los principales puntos de preocupación para los países firmantes es la persecución emprendida contra González Urrutia, quien recientemente abandonó Caracas para solicitar asilo político en España. Las naciones que apoyan esta denuncia han exigido la "liberación inmediata e incondicional" de todas las personas detenidas de manera arbitraria y el cese de la represión contra los opositores políticos y los manifestantes.
Llamado a la cooperación internacional
Además de exigir el fin de la represión, los países instan al gobierno de Nicolás Maduro a retomar la cooperación con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y permitir la entrada de una misión de investigación. La comunidad internacional busca garantizar una observación externa para evaluar la situación sobre el terreno y asegurar que se respeten los derechos fundamentales del pueblo venezolano.
Este grupo de países, que incluye a siete latinoamericanos (Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá y Uruguay), recalca la necesidad de que Venezuela se comprometa a garantizar las libertades civiles y políticas, claves para el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
