Fiscalía y Procuraduría Antilavado aseguran pruebas contundentes contra red criminal.
Barahona, República Dominicana. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la Fiscalía de Barahona, presentó formalmente ante el Juzgado de la Instrucción de Barahona una acusación en contra de los miembros de la red criminal desmantelada durante la denominada Operación Metal Blanco. Esta red, dedicada al narcotráfico y lavado de activos, operaba en la región sur del país y ha sido vinculada a múltiples casos de tráfico internacional de drogas.
Entre los acusados se encuentran José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotel de Sena, conocido como "Ñoño", y Walquides Arquímedes Pérez Santana, alias "Pillay", además de Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Moisés Ferreras Báez, conocido como "Mochi", Máximo Leonardo Rodríguez Pineda, Yajhaira Ferrera Báez, Christelle Cuevas, Cledyn Pérez Féliz, y Ruz Esther Matos, así como la persona jurídica Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL.
Un complejo esquema de lavado de activos
Según la acusación, esta red criminal operaba a través de un complejo esquema de lavado de activos, utilizando el tráfico internacional de drogas como su principal fuente de ingresos. Durante el operativo de interdicción llevado a cabo el 10 de julio de 2023, las autoridades confiscaron 245 paquetes con un peso total de 254.080 kilogramos de cocaína clorhidratada. Además, la red está vinculada a otros decomisos anteriores, incluyendo la incautación de 446 paquetes de cocaína en Juancho, Pedernales, en septiembre de 2013, y de 285 paquetes en la playa Caletón, Barahona, en agosto de 2018.
Movimientos financieros sospechosos
El expediente también detalla los significativos movimientos financieros realizados por los acusados. Yoan Moisés Ferreras Báez, señalado como uno de los líderes de la red, movió más de 830 millones de pesos y más de 61 mil dólares en el sistema financiero nacional. Otros acusados, como José Augusto Romero Cedeño y Ruz Esther Matos, también mostraron ingresos que no pueden ser justificados con actividades legales. La empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL, también jugó un rol clave en el lavado de dinero, con ingresos que superan los 35 millones de pesos.
Pruebas contundentes y un proceso judicial firme
El equipo de fiscales, encabezado por la doctora Ramona Nova Cabrera, procuradora interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el licenciado Wellington Matos, fiscal titular de Barahona, ha recopilado un conjunto robusto de pruebas que incluyen documentos, testimonios, peritajes, y evidencia material y audiovisual. Los fiscales aseguran que estas pruebas son lo suficientemente sólidas para concluir el proceso con una sentencia condenatoria, así como con el decomiso de más de 30 bienes muebles e inmuebles valorados en miles de millones de pesos.
Entre los investigadores del caso destacan los magistrados Pedro Medina Quezada y Manuel Santiago Castro Lora, quienes han trabajado exhaustivamente para garantizar que la acusación sea robusta y esté conforme a la ley.
