Los protagonistas de esa anarquía son los denominados “padres de familia”.
Dos temas llaman mi atención, entre los cientos que aún persisten en nuestra sociedad y no le buscan soluciones. El primero: Los menores de edad que mueren en alta mar junto a viajeros indocumentados adultos que intentan llegar a territorios extranjeros con la meta engañosa de cambiar su estatus económico o social.
¿Por qué involucrar a los niños en esas peligrosas travesías? Son criaturas indefensas que comparten espacios en una frágil embarcación abarrotada de individuos con costumbres distintas. No es la primera vez que fallecen menores en esas irracionales peregrinaciones.
¿Existen sanciones penales para los organizadores de los viajes ilegales, especialmente para los capitanes de las yolas? Por supuesto que las hay. Muchos de esos sujetos han sido traducidos ante la justicia en numerosas ocasiones con medidas de coerción de meses a un año de prisión preventiva y algunos han sido condenados.
Las estadísticas de esos viajes irregulares son impactantes. El 26 de febrero de 2014, la División de Inteligencia Naval de la Armada de República Dominicana ofreció cifras respecto a esos itinerarios realizados durante el período enero-diciembre 2013 cuando fueron interceptadas 172 embarcaciones y apresadas 2,271 personas: 1,437 haitianos, 746 dominicanos, 81 cubanos y 7 brasileños. Esto representa un 33% de dominicanos detenidos y un 67% de extranjeros, en su mayoría de nacionalidad haitiana. De igual manera, fueron sometidos 50 capitanes u organizadores de estos viajes por violación a la Ley 137-03, imponiéndose a 25 de ellos la medida de coerción de prisión preventiva.
El 27 de enero de 2017, la Armada de República Dominicana, en coordinación con la Procuraduría Especializada en Tráfico de Personas de la Provincia La Altagracia, sometió a la justicia a un organizador, quien fue condenado, previo a un acuerdo con la fiscalía, a una pena de cinco años de prisión, por haber organizado una travesía compuesta por 47 haitianos.
De esas informaciones se colige que la labor de las autoridades para erradicar esas operaciones y salvar vidas, no surte el efecto que pretenden. Los promotores tienen padrinos influyentes, a todos los niveles, que financian esas actividades y, naturalmente, se nutren económicamente. Esa es la razón de que, pese a las sanciones penales, continúan en esas tenebrosas rutas marítimas.
El segundo tema trata de la arrabalización de las aceras y calles en zonas urbanas. Ya es una odiosa cultura instalar negocios informales sobre las aceras de los barrios que impiden el paso a las personas, que están a merced de ser impactadas por un vehículo o un motorista.
También abandonan vehículos chatarras en esos espacios, mientras individuos montan, sin autorización de los cabildos u otros organismos reguladores, diferentes negocios de ventas de vehículos, de repuestos, frituras, ocupando las aceras. Y nadie actúa para corregir esa anomalía.
Los protagonistas de esa anarquía son los denominados “padres de familia”, una casta que actúa libremente sin ningún régimen de consecuencia y no es molestada porque (es lo que infiero) generaría un alto costo político.
Esas prácticas todavía persisten, no obstante las tantas denuncias mediáticas. Es obvio que hay alguna complicidad y altos niveles de tolerancia con los responsables de velar por el orden. Seguiremos por décadas inmersos en un caótico atraso social.
