Ley 18-24 moderniza y fortalece el órgano de control fiscal
Santo Domingo.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó hoy la Ley 18-24, la cual regulará a partir de ahora el funcionamiento de la Cámara de Cuentas. Este órgano superior es responsable del control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.
La nueva ley moderniza los procedimientos de la institución, mejora las herramientas para el cumplimiento de sus objetivos y fortalece el régimen de infracciones administrativas. La iniciativa de esta ley surgió en el Senado de la República y fue observada por el presidente Abinader a principios de mayo, conforme a sus atribuciones constitucionales.
Las observaciones del presidente, ahora aprobadas por la Cámara de Diputados, se centraron en fortalecer la funcionalidad del órgano, impactando en las atribuciones del Pleno de la Cámara de Cuentas, el trámite de sus sesiones, las atribuciones de sus directivos y los principios y normas de la carrera administrativa especial.
El nuevo texto legal también refuerza el régimen de sanciones administrativas, demostrando el compromiso firme del presidente en la lucha contra la corrupción en todas sus formas.
Reformas Clave en el Sistema de Control y Fiscalización
La promulgación de la Ley 18-24 es parte de una reforma integral del sistema de control y fiscalización del Estado dominicano. Esta reforma busca que la Cámara de Cuentas se actualice conforme a las disposiciones de la Constitución y a las exigencias de los nuevos tiempos, garantizando una gestión pública ética, eficiente, eficaz, rápida y transparente.
La Ley 18-24 detalla su ámbito de aplicación, crea el Sistema Nacional de Control y Fiscalización, aborda la composición, autonomía, naturaleza, jurisdicción y atribuciones de la Cámara de Cuentas, regula el funcionamiento de sus órganos, establece las competencias, atribuciones y obligaciones de sus directivos, define los parámetros de organización administrativa y el rol de la Cámara de Cuentas en el Sistema Nacional de Control y Fiscalización y los procesos de auditorías.
Con esta nueva ley, se espera un fortalecimiento significativo en la capacidad del Estado para controlar y fiscalizar de manera eficiente los recursos públicos, contribuyendo a una administración más transparente y responsable.
