El Ministerio Público busca declarar complejo el caso y aplicar prisión preventiva a nueve acusados de tráfico humano
SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- En un firme esfuerzo por erradicar las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de personas, el Ministerio Público ha solicitado este miércoles prisión preventiva y la declaración de tramitación compleja para los miembros de una red criminal en Santiago. Este grupo, acusado de operar una bien estructurada organización de tráfico de personas, enfrenta la justicia en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción.
La red, compuesta por nueve personas, entre ellas José Andrés Cabrera Francisco, alias "Jairo", y Carlos Bladimir Cuevas Peña, conocido como "Carlos Pistola", es acusada de manipular rutas transnacionales para el tráfico de personas, especialmente de nacionalidad haitiana, a través de la frontera norte con Haití, utilizando métodos clandestinos para cruzar hacia Dajabón y luego dispersar a las víctimas a través de Valverde hasta llegar a Navarrete en Santiago.
El Ministerio Público, en colaboración con la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, ha llevado a cabo una meticulosa investigación. Esta incluyó el seguimiento de las rutas utilizadas por la red y la identificación de sus métodos operativos y centros de acopio, como casas y terrenos baldíos, donde las víctimas eran alojadas antes de ser distribuidas a otros puntos del país.
Los cargos presentados contra los acusados incluyen violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Este caso destaca la seriedad de los delitos de tráfico y trata de personas, que no solo violan los derechos humanos fundamentales de las víctimas, sino que también están vinculados a otros crímenes como la explotación sexual y comercial.
La medida de coerción, programada para discutirse a las 9:00 a.m. de este miércoles, podría sentar un precedente importante en la lucha contra este tipo de delitos en la República Dominicana, reforzando el compromiso del Estado con proteger a los más vulnerables y perseguir a aquellos que se benefician de su explotación.
